Libertad de expresión, Guardia Civil y "efecto silenciador" · Patxi Zamora, Aritz Intxusta & Alberto Gil

La mayoría de la ciudadanía quiere vivir en una sociedad democrática donde se respeten los derechos básicos de todos y todas. Por activa y por pasiva nos cuentan que ése es el régimen del que disfrutamos desde 1978 (algunos incluso se atreven a ir más lejos y llaman “dictadura moderada” al franquismo).

Sin embargo, desde iniciativas como Kontuz (Asociación de Usuarios, Contribuyentes y Consumidores) llevamos años denunciando la paupérrima calidad democrática del Estado español. No solo en la gestión oscura de los recursos públicos, en sus puertas giratorias y su nepotismo, sino también cuando denunciamos como casos de corrupción, porque no son otra cosa, la persecución ideológica y la vulneración de la libertad de expresión por parte de la Guardia Civil.

Valtonyc, Boro, J. Álvarez, Evaristo y uno de los que firma este artículo, entre otros, son ejemplos de la peor versión de un estado totalitario que utiliza a la Guardia Civil para frenar a quienes denunciamos los abusos y las corruptelas, intentando, como decía Fassbinder, que “lo que no somos capaces de cambiar, debemos, por lo menos, describirlo”.

La libertad de expresión debería servir, sin que te persigan, te despidan, te multen o te encarcelen, para contar que vivimos en un Estado español:

donde, por encima de los 120 mil euros, el fraude fiscal no está penalmente castigado;

donde el mayor lavado de dinero “negro” lo realiza el propio Estado a través de amnistías fiscales (especialmente sangrantes las llevadas a cabo por el PSOE);

donde, curiosamente, más de la mitad de los consejos de administración de las empresas del IBEX incluyen a “títulos nobiliarios” en sus asientos;

donde los “caciques”, “padrinos” o “jao pho” locales tienen los mismos nombres y apellidos desde hace varias generaciones;

donde sigue vigente uno de los Principios Fundamentales del Movimiento (franquista) que decía: “nuestro régimen vive de sí mismo y se sucede a sí mismo”.

Y, por último, insistimos, donde la Guardia Civil, herramienta pública al servicio de la ciudadanía, se dedica más a combatir a la libertad de expresión, que a defender a la sociedad, de esos abusos que son los que verdaderamente la sangran.

En teoría, el Estado debería intervenir para proteger a periodistas, cantantes, artistas, etc., cuando se produce lo que el jurista Owen Fiss denomina el “efecto silenciador”. El estado español no solo no lo hace sino que utiliza a la Guardia Civil para silenciarlos.

Isabel Elbal lo describe a la perfección en su artículo “Contra las mordazas, periodismo” al afirmar que, “fuera del ámbito penal, no deberán sancionarse otras conductas, pues de lo contrario estaría dotándose al funcionario de turno de plenos poderes... Esto es grave, pues todos estaríamos sujetos a una insoportable censura previa […] que en una u otra ocasión podría ser ejercida a modo de multa”… o de despido e incluso cárcel añadiríamos nosotros.

La excusa de la seguridad ciudadana no puede validar que ciudadanas y ciudadanos inocentes sean juzgados o despedidos o encarcelados por expresar sus ideas o denunciar la corrupción. Y la defensa de estos deberíamos considerarla una prioridad para caminar hacia la democracia.

Porque estos ataques a la libertad de expresión y de opinión son un aviso a navegantes que debemos revertir antes de que se conviertan en irreversiblemente cotidianos.
Y los seres humanos no podemos corregir los hechos del pasado, pero sí anticipar los del futuro.

Patxi Zamora, Alberto Gil y Aritz Intxusta, periodistas, kontuzkides y coautores de El Banquete.

Kontuz lanza una campaña de apoyo y solidaridad con Patxi Zamora

Kontuz tiene la voluntad de luchar contra el injustificado despido de su portavoz. Para ello tiene que hacer frente a una complicada acción jurídica, con una demanda en el Contencioso-Administrativo que ha sido derivada a la Audiencia Nacional española, y con otra demanda también en la AN que puede prorrogarse hasta doce meses, un juicio laboral contra Iberia por el despido en un juzgado de lo Social de Madrid y una demanda por lo civil en Madrid que puede acarrear costas enormes.

Kontuz estima que los costes judiciales pueden ascender a unos 20.000 euros. Para recaudar estos fondos ha abierto una cuenta (ES80 3035 0087 05 0870053926). También se pueden recibir fondos por PayPal. Más info: www.kontuz.org