Patente de corso y reparto del botín de Osakidetza

Para entender el paisaje de la Organización Sanitaria Integrada de Tolosaldea hay que contextualizarlo en el marco privatizador de Osakidetza. Como botón de muestra, en agosto de 2022 Osakidetza licitó el servicio de limpieza de los centros de salud de OSI Tolosaldea. El importe del contrato ascendía a 754 897 euros y fue adjudicado a Garbialdi, empresa vasca administrada por el exburukide del PNV Josu Olazaran, y a su vez importante adjudicataria del Servicio Madrileño de Salud. Es una gota más en el océano clientelista del oasis vasco, que cuenta con patente de corso para repartir botín en los procesos de privatización de los servicios públicos.

La pólvora que puso en marcha la demolición controlada del derecho a la salud pública en el oasis vasco no la descubrieron la consejera de Salud Gotzone Sagardui y el lehendakari Iñigo Urkullu. Según Oseki, Osasun eskubidearen aldeko ekimena, “la llegada de la corriente neoliberal a principios de la década de 1990, se materializó en la con el Plan Osasuna Zainduz en 1993”. Este plan conllevó un cambio sobre el modelo de organización y gestión de la sanidad vasca, justificado por la necesidad de aumentar la autonomía en aras de alcanzar una mayor eficiencia en el empleo de los recursos públicos destinados a la sanidad vasca. Entre otros supuestos, modificó la naturaleza de la gestión de la sanidad pública, que pasó a ser un régimen jurídico privado e introdujo criterios de gestión empresarial en el sistema.

Así, el sistema vasco de salud adoptó una nueva estructura funcional basada en la separación de las funciones de financiación –dependiente del Gobierno Vasco, siempre pública– y provisión –pudiendo ser pública o privada en grado variable–. El entonces denominado Departamento de Sanidad asumió, pues, el papel regulador y financiador del sistema sanitario, que implicaba la asignación de recursos a las agencias contratadoras de servicios sanitarios. Estas agencias pasaron a ser las delegaciones territoriales (de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa) y realizaban la contratación tanto de servicios públicos, mediante suscripción de los contratos programa con Osakidetza, como de servicios privados, mediante la fórmula de la concertación de servicios.

Este modelo, el de la agencia de contratación, se quiere imponer ahora en el sistema de salud de la Comunidad de Madrid. Ante ello, la Coordinadora Anti-Privatización de la Salud de Madrid ha criticado que supone “transferir dinero público a la empresa privada de la forma más ágil y moderna posible, es decir, eliminando los mecanismos que el Derecho Público establece para asegurar la utilización transparente y controlada del erario público por el capital privado”.

Para oponerse a ello, la coordinadora madrileña ha aludido a que “el experimento no es nuevo”, refiriéndose a Osakidetza. Al igual que “en el caso del País Vasco, no hay ningún control político sobre la contratación, solo el Tribunal Vasco de Cuentas, que es un organismo técnico, y la ley presupuestaria que impone el techo de gasto”.

El plan neoliberal para Osakidetza en la década de los años 90, cuyo referente era la reforma privatizadora de Margaret Thatcher en el servicio público de salud del Reino Unido, estaba encabezado por el Consejero de Sanidad jeltzale Iñaki Azkuna, quien cuenta con una escultura/busto que preside la clínica IMQ Zorrotzaurre. El impulsor del plan era Rafa Bengoa, años más tarde Consejero de Sanidad del Gobierno del socialista Patxi López y ahora director de una consultora privada que trabaja en el sector de la sanidad pública madrileña. Durante la etapa de la dupla formada por Azkuna y Bengoa fue aprobada la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, y Osakidetza se convirtió en un “ente público de derecho privado”.

Bengoa era el director de Planificación y Ordenación en Salud (1991-1995) cuando Azkuna estaba al frente de la consejería. Durante la etapa de Bengoa como consejero de Sanidad del Gobierno Vasco (2009-2012) se impulso la creación de las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI). Encabezando la consejería, protagonizó otro de los hitos de la privatización en Osakidetza, el servicio de teleasistencia. Desde entonces, el contrato de teleasistencia[5] de Osakidetza ha venido siendo adjudicado a la UTE liderada por los grupos IMQ y GSR. En el primer grupo se formó su sucesor, Jon Darpón (2012-2019), y el segundo es propiedad de Corporación Mondragon.

Los que movieron los hilos del plan son conocidos del responsable de la clínica de Tolosa. Por un lado, Iñaki Azkuna nombró a Jesús Gómez Montoya, responsable de la clínica de Tolosa, miembro de la Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de Documentación Clínica de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco. Además, ambos coincidieron en el consejo de Innobasque. Por otro lado, Rafael Bengoa y Jesús Gómez Montoya coincidieron en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hace un par de años, el propio Bengoa ejerció de conferenciante en un evento en Tolosa organizado por el responsable de la clínica. Además, Gómez Montoya fue nombrado miembro del Consejo de Área de Salud de Gipuzkoa por el entonces consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Gabriel María Inclán.