Aquiles Cuadra de Miguel: pasión y muerte de un alcalde digno (Tudela 1936-1939)

Aquiles Cuadra de Miguel fue detenido en Sevilla en diciembre de 1936. Un mes más tarde, en la cárcel de Pamplona, la justicia militar le abría un expediente para esclarecer su participación en los incidentes ocurridos en Tudela la madrugada del 19 de julio de 1936, cuando un grupo de vecinos y veintiocho falangistas recién llegados de Corella tuvieron un enfrentamiento en la plaza de los Fueros. 

Cirilo Arellano, falangista de 27 años, explicaba su versión: “en virtud de la reunión acordada entre varios grupos de fascistas de los pueblos circunvecinos, el declarante, en compañía de veintisiete afiliados vecinos de Corella se trasladó a Tudela a las dos horas del día 19 en una camioneta; al llegar al portal de dicha ciudad se bajaron todos del expresado vehículo, siguiendo la marcha a pie por la misma carretera hasta la Plaza Nueva; al entrar en dicha plaza observaron que en la esquina del Círculo Mercantil había un grupo de doscientas a trescientas personas; antes de llegar a ellos se destacaron del numeroso grupo dos alguaciles y tres serenos, los cuales dieron la voz de alto, y sin dar tiempo a contestar dispararon sus pistolas contra el que declara y siete compañeros que nos habíamos adelantado de nuestro grupo, haciendo también disparos el resto de los que se habían quedado en la expresada esquina de dicho Círculo, por cuyo motivo se vieron obligados a defenderse haciendo huir a sus agresores, pero estos se parapetaron en la esquina del Círculo Mercantil y en los urinarios de la plaza y desde estos puntos siguieron disparando hasta que se presentó la Guardia Civil y al encontrar heridos al dicente y a los jóvenes Antonio Santamaría y Ángel Catalán fueron conducidos al hospital público donde fueron reconocidos y curados por un facultativo”.

Aquiles Cuadra, acusado por la justicia militar de organizar el ataque a los falangistas, fue descrito por el comandante de la Guardia Civil de Tudela el 29 de enero de 1937:

Afiliado a Izquierda Republicana. Altamente propagandista y perteneciente a la directiva del Frente Popular de Navarra. Se presentó a las elecciones de diputados provinciales y a Cortes como del Frente Popular (…). Intervino muy directamente en el asalto a la Diputación de Navarra por los comunistas y extremistas de Pamplona. Presionó constantemente a las autoridades en el Gobierno Civil de Navarra para la retirada de la Guardia Civil de Tudela consiguiendo, mediante sus gestiones hechas públicas, el traslado del capitán de la Guardia Civil de esta localidad, don Antonio Pérez Lázaro, y manifestó su propósito de trasladar también a los demás guardias del puesto, trasladando por fin a varios de ellos. Publicó en un periódico local artículos alentando al atentado personal y amenazando a los que no votasen por el Frente Popular según frase propia con consecuencias insospechadas.

El comandante continúa: "Actuó como alcalde y concejal del Ayuntamiento de Tudela, haciéndolo de manera descarada e inmoral, desarrollando todas sus energías en sentido izquierdista, defendiendo a las izquierdas aunque no fuese de razón y de justicia. Se dedicó constante y frecuentemente a dar mítines en todos los pueblos del distrito de Tudela e incluso llegó su osadía a presentarse con el mismo fin en Pamplona, y en sus discursos empleaba frases tan atrevidas como que en Navarra el Frente Popular triunfará con los votos o con las pistolas. Con su actuación puede decirse que tanto Tudela como su partido estaban a merced de este sujeto (…). Su vida ha sido completamente laica e inmoral. Puede decirse que la preponderancia y actitud que se observó en el distrito de Tudela por las izquierdas, fue como consecuencia de la influencia y predicación del Sr. Cuadra. (…) Realizó frecuentes viajes a Madrid, desde donde en compañía de su inseparable amigo Monzón daba instrucciones a los pueblos de la provincia de Navarra para el movimiento revolucionario que preparaba. El día del Glorioso Movimiento Nacional ordenó, como dirigente, concejal y exalcalde, a los agentes municipales se armasen y estuviesen dispuestos con armas para enfrentarse con la Guardia Civil ante la actitud que esta fuerza había observado, deduciendo que la Guardia Civil estaría con el Ejército, en contra de ellos, y vigilaban los movimientos de la fuerza frente a su cuartel, en donde, en compañía del entonces alcalde Sr. Burgaleta y otros miembros del Frente Popular, observaba dando las órdenes necesarias a los adictos a dicho Frente Popular, teniendo él la culpa de los disparos que en la noche del 18 se hicieron en la plaza de los Fueros, resultando varios heridos. La misma noche del Movimiento desapareció y se comprobó luego que estuvo durante la noche y día siguiente en el domicilio de un vecino de Tudela, simpatizante suyo, saliendo al día siguiente protegido por el que lo cobijó”.

La junta directiva tudelana de “la milicia de Acción Ciudadana”, presidida por José Carasusán, redactó y aprobó por unanimidad, el 2 de febrero de 1937, un informe de cinco folios que remitieron al juzgado militar. Su contenido se dividía en cinco capítulos: Algunos antecedentes; Elecciones del 31 y proclamación de la República; En víspera del Movimiento; Después del Movimiento y Resumen.

Sobre los antecedentes de Aquiles se afirmaba que su padre, Ruperto Cuadra Salcedo, había sido “el árbitro de la política local de una manera especial en los años que median entre el 1914 y 1923, en que constituido en esta merindad el bloque mendezbigista, integrado por republicanos, liberales, conservadores y en general por el elemento no carlista, aparece don Ruperto Cuadra como figura destacada y principal de ese conglomerado que pudiéramos llamar anticarlista”. Ruperto, según el informe, desapareció de la escena pública al llegar la dictadura de Primo de Rivera, periodo en el que su hijo Aquiles comenzó a destacar “como uno de los caudillos de la masa republicana”. La junta de Acción Ciudadana opinaba que “los derroteros políticos iniciados por entonces por el Sr. Aquiles Cuadra” se debían a “una relación frustrada con una muchacha (…) de una distinguida y acaudalada familia riojana”, relación que “pudo ser un factor más, si no el único, que lo inclinasen a echarse francamente en el sector izquierdista”.

En el capítulo dedicado a las elecciones de febrero de 1931 y la posterior etapa republicana, el informe decía:

En Tudela, como en otras partes, se constituyó la conjunción republicano-socialista para coger la mayoría del ayuntamiento, como así se logró, quedando como figura destacada en el nuevo municipio y como jefe de la minoría republicana (la más numerosa) don Aquiles Cuadra.

Más adelante, Aquiles se presentó en la candidatura izquierdista de Navarra, pero la derrota electoral de este grupo le supuso, según los firmantes, “un factor más que a partir de entonces pudo influir en su ya despechada psicología, al tener que ceñirse en su actuación política a las modestas funciones de concejal”. A partir de entonces se le vio “muy ligado a la minoría socialista y después a lo que se constituyó como Frente Popular, donde aparecía como figura preeminente”. Aquiles, según los firmantes, tenía “temperamento burgués y maneras de buen vivir”, por lo que sus simpatías izquierdistas “no podían tener más que esta finalidad: la conquista del voto”.

Sobre la actividad del abogado durante los meses previos al alzamiento, los firmantes señalaban que tras fracasar en las elecciones de febrero de 1936 y “en las de compromisario, de cuyo resultado dependía que ocupasen las izquierdas la Diputación de Navarra”, Aquiles realizó muchos viajes a Pamplona y a Madrid, aunque no con motivos políticos, sino como consecuencia de “una situación de ánimo del que tantas veces fracasado en sus pretensiones políticas y hasta personales se echa, como suele decirse, el mundo por montera y en ese plan de derrumbamiento político y moral se le ve (…) con una señora divorciada con la que, según dicen más tarde, aparece casado civilmente. Únicamente en esas andanzas madrileñas hay que anotarle, como actuación política, el haber conseguido el traslado de Tudela de su dignísimo capitán de la Guardia Civil don Antonio Pérez Lázaro, quien por su acendrado e inconfundible derechismo no era persona grata a las izquierdas. Es posible que estos viajes fuesen aprovechados también para tener al corriente a sus correligionarios de aquí de las gestiones que en Madrid venían haciendo algunos elementos avanzados de Pamplona, para que el Gobierno se decidiese a sustituir la gestora de Navarra y en la que, de haberlo conseguido, no es temerario suponer que el Sr. Cuadra hubiese sido uno de los designados".

Por lo expuesto y por los movimientos que pudieron observarse en el Sr. Cuadra el día 18 de julio, se puede suponer que no estaba en el secreto de lo que ocurría. Hay un hecho altamente significativo: aquí carecían las izquierdas de depósitos de armas. Así aconteció que cuando la noche del 18 al 19 de julio salió la Guardia Civil a la calle, los elementos de izquierda huyeron despavoridos.

En el apartado Después del Movimiento los junteros de Acción Ciudadana reconocían no saber nada, “como no sea su detención en Sevilla en el mes de diciembre”.

El resumen final decía así:

Republicano de izquierda, desde hace unos dos años miembro de la liga de los derechos del hombre, de cultura y fácil palabra, sugestionado mucho por ambición política y no poco por torturas de espíritu con la idea de ostentar una representación parlamentaria; tomó parte en las propagandas del Frente Popular como figura destacada del mismo en este distrito, atemperando su lenguaje a tonos distintos desde luego a los empleados por los candidatos de sectores más extremistas. Por esta misma obsesión, el Sr. Cuadra se perjudicó en su profesión y en sus intereses (mejor dicho, en los de su padre, pues él carecía de bienes), no habiendo obtenido ninguna ventaja material en los cinco años de República. El Sr. Cuadra, como otros tantos republicanos burgueses, sufrió la lamentable equivocación de creer que por su abolengo republicano, por su carrera y por su ascendiente entre las izquierdas, podía servir de freno en cualquier momento contra los excesos del marxismo.

El 10 de febrero de 1937, Aquiles Cuadra prestaba declaración dentro de la cárcel de Pamplona. Preguntado sobre sus movimientos el sábado 18 de julio de 1936, respondía que “sobre las ocho u ocho y media de la noche y con motivo de haber oído ciertas noticias por la radio, fue con el señor alcalde a ver al capitán de la Guardia Civil, el que les dijo que había recibido orden de concentrarse en Tafalla y que salía en aquel momento para allí, (…) quedando en Tudela el alférez al mando de la fuerza de Tudela, y que si ocurría algo que acudieran a él. Estuvieron en el cuartel un rato de conversación con el propio alférez y a las nueve se fueron cada uno a sus casas a cenar, y después, como es costumbre diaria, volvieron a reunirse a tomar café en el Mercantil, donde estuvieron hasta las once menos cuarto en que volvieron otra vez al cuartel, estando allí otra vez de conversación con el mismo alférez, (…) con el comandante Julio Pérez Salas y un capitán, que cree llamarse señor Escarda, que también habían ido al cuartel a adquirir noticias, llamando dicho comandante a Pamplona y diciendo no podía haber conseguido tener comunicación. De allí serían las doce cuando se retiraron, y mientras el alcalde se retiraba por otro lado, el declarante se quedó paseando por la calle Gaztambide, en cuya calle, estando circulando, al poco rato pasó el alférez de la Guardia Civil con unos seis u ocho números despejando la calle; (...) después de llegar a la plaza de los Fueros se retiró volviendo por la misma calle Gaztambide, y en el acto, el alcalde, que iba acompañando al alférez, fue requerido para ponerse al teléfono, a donde era llamado por el señor Gobernador Civil. El alcalde salió de la cabina telefónica manifestando que el Gobernador Civil, en cuya voz había reconocido a don Modesto Font, le había indicado que había dado ya previamente instrucciones al alférez de la Guardia Civil y que el alcalde se atuviera a las mismas, participándole que se había declarado el estado de guerra. El declarante, en compañía de algunos amigos, entre los cuales recuerda a don César Muzas, se puso a pasear por la plaza de los Fueros y en una de las ocasiones en que estaban situados próximos al arco que da entrada a la calle Yanguas y Miranda sonó a sus espaldas un violento tiroteo, viéndose atropellados por algunas personas que huían de la misma plaza, encontrándose el declarante dentro del mismo arco, donde por consecuencia de un golpe cayó al suelo levantándose seguidamente. Como persistieran los tiros y le indicasen al declarante que un grupo de muchachos había penetrado en la plaza ejecutando disparos, estimando una imprudencia el regresar a su casa por tener que atravesar la plaza misma, marchó por la bajada de la calle del Matadero Viejo y calle de Cortadores hacia el Mercadal, donde pensó trasladarse al domicilio de don Manuel Úcar, como así lo hizo. Llegado a dicho domicilio fue acogido en él, hizo referencia de lo ocurrido y le facilitaron una cama donde descansó hasta las diez de la mañana. A dicha hora, por las noticias que le facilitaron los propios familiares del señor Úcar, tuvo conocimiento de que por la ciudad transitaban muchos grupos de gentes armadas, la mayor parte provenientes de los pueblos comarcanos a Tudela, y por consejo propio de los mismos Úcar y por la consideración que se hizo de correr cualquier riesgo al salir a la calle, decidió permanecer en la casa del señor Úcar dando conocimiento a la suya del lugar en que se encontraba. Como en el mismo tiempo tuviese noticias de que venían realizándose durante la mañana gran número de detenciones, indicó verbalmente a su padre que si se dictaba alguna providencia en este sentido contra él se lo participasen sin dilación. Y además, por conducto de su amigo don Luis Pérez, (…) dio también noticia a la casa cuartel para que se supiera su paradero por si algo se ordenaba en busca suya. Que continuó permaneciendo en el domicilio de los señores Úcar sin tener ninguna novedad ni noticia alguna, salvo la de que cada vez era mayor la profusión con que circulaban gentes armadas. A las siete de la tarde, su padre le mandó recado diciéndole que por orden del comandante de la plaza, que lo era el señor Pérez Salas, había estado un agente municipal a avisar que para las ocho asistiese a la casa consistorial con objeto de dar posesión al ayuntamiento que en aquel momento iba a nombrarse. Que el declarante, reputando que su presencia era innecesaria, no obligada, y que en cambio el tránsito por la calle podía ser peligroso resolvió no comparecer en el ayuntamiento y continuó en la casa de los señores Úcar hasta entrada ya la noche, trasladándose después a una vaquería situada en el barrio de la Virgen de la Cabeza en compañía de un hijo de Úcar que se llama José, según cree recordar. Allí pernoctó y a la mañana siguiente, su padre, noticioso de dónde estaba, le mandó recado diciéndole que la situación de Tudela continuaba un poco irregular y que como dadas las noticias que daban los periódicos y las radios parecía ser que el movimiento militar podría triunfar en unos días y con ello normalizarse la situación, estimaba prudente que el declarante se trasladase a cualquier otra localidad al objeto de pasar dicho tiempo y después presentarse donde fuere necesario”.

A la pregunta de si arengó a las masas la noche del 18 de julio, Aquiles respondía negativamente: sus manifestaciones fueron que si el movimiento estaba controlado por los militares (…) debía dárseles paso franco y acatarlo. Sobre si interpuso su influencia para que las masas depusieran su actitud, afirmaba que en la plaza de los Fueros no había masas sino pequeños grupos (que entre todos no llegarían a un centenar) que comentaban cada uno a su gusto la noticia de la declaración del Estado de Guerra (…) y que tal acto lo habían realizado estando todo el mundo en completa normalidad. Que repite que él con el señor Muzas y algún otro amigo estaba paseando por la plaza cuando a sus espaldas comenzaron a sonar los disparos, de todo lo cual se deduce que ni existían aquellas supuestas masas de la pregunta ni ofrecían ninguna actitud airada, menos aún contra la fuerza pública que ni siquiera se hallaba a la sazón presente en la plaza de los Fueros.

Acto seguido el juez ordenó la suspensión del interrogatorio “por lo avanzado de la hora, para continuarla en días sucesivos”.

El 12 de febrero, Aquiles daba explicaciones sobre la acusación que se le hacía de propiciar “la destitución del capitán de la Guardia Civil de Tudela” afirmando que en febrero de 1936, “en la noche en que se constituyó el Gobierno presidido por Azaña”, bajó al Círculo Mercantil y allí le dijeron que un grupo de unas ocho personas había salido del Café Royalty “dando vivas a la República y que la Guardia Civil les había obligado a reintegrarse al café”. Aquiles telefoneó al Gobernador Civil para consultarle el caso y este le respondió que “no era prudente que la fuerza pública prohibiera unas manifestaciones sin importancia y que no iba a pasar nada porque se permitiera dar unos vivas a la República”. Aseguraba Aquiles que siguió la recomendación del Gobernador y que no hubo ningún incidente durante aquella noche. Al día siguiente se entrevistó en Pamplona con el nuevo Gobernador, García Larrache, quien le dijo que el “teniente coronel Muga”, alto cargo de la Guardia Civil en Navarra, había pedido al capitán de la Guardia Civil de Tudela que se acercase a Pamplona para mantener una entrevista. Aquiles aseguraba que ni participó en estas conversaciones ni tuvo nada que ver en la destitución del capitán de Tudela.

Interrogado también sobre si participó en el asalto a la Diputación ocurrido el 6 marzo de 1936 respondía que no, pues aquel día “estaba en Tudela y en el rápido de la una y media de la tarde marchó a Zaragoza, donde se enteró de lo ocurrido, desde donde llamó al Gobernador, señor Menor, para que le informara al detalle de lo que había ocurrido”.

Antes de terminar el interrogatorio, Aquiles comunicó al juez que tenía preparada y redactada “una declaración extensa de toda su actuación de antes y después del movimiento, que solicita se una a los autos”, solicitud que fue admitida por el juez.

El 15 de febrero de 1937, el juez interrogó a varios vecinos de Tudela. Manuel Luis Ledesma Robles, “jefe de Falange Española y de las JONS de Tudela” acusaba a Aquiles de ser “la persona de más prestigio” entre los izquierdistas tudelanos, “el que podía arrastrarlos en un sentido u otro y el que llevaba la dirección de todos los organismos del Frente Popular, y como consecuencia el causante de todos los sucesos que ocurrieron el 19 de julio de 1936”, aunque reconocía que “él no presenció el tiroteo, porque aquella misma noche salió por los pueblos a concentrar a la gente en Tudela para que estuviera a la madrugada del día siguiente dispuesta a la movilización de derechas”. Aun así, Ledesma mostraba cierta benevolencia por Aquiles: “en favor del señor Cuadra tiene que decir que unos días antes de las elecciones le oyó decir que si ganaban las izquierdas, aun cuando creía que no, tendrían que hacer una política más de atracción que no de odio, porque de no ser así no tardaría ni un año en estar el fascismo en España”.

El teniente de la Guardia Civil, Carlos González Molina, afirmaba en su testimonio que Aquiles, el alcalde y otra persona se presentaron en el cuartelillo la noche del 18 de julio de 1936 y que Aquiles, “en tono impertinente e imperativo, preguntó qué sucedía en el cuartel, pues se veían cosas extrañas y veía entrar y salir elementos de derechas, a lo que se le contestó que no había por qué contestarle y que se marchara de aquel lugar”. Según este guardia, en las inmediaciones del cuartel se encontraba “de paisano un coronel llamado Moracho, el cual, según indagaciones posteriores, era elemento de izquierda que traía intenciones de hacerse cargo de alguna columna del Frente Popular que se formara en este distrito. Dicho señor fue detenido más tarde, conducido a Zaragoza y según noticias particulares fue fusilado”. Luego salió “inmediatamente concentrado a Tafalla en unión del capitán, regresando a Tudela después de los sucesos, donde tuvo que actuar deteniendo a Burgaleta, que se hallaba en el sótano del kiosco de la música”

Anacleto Tello, otro teniente, acusaba a Aquiles de haber incitado a los vecinos “a ir al campo a apoderarse de las corralizas”, de influir “sobre los obreros de Buñuel para que sostuvieran una huelga ilegal, puesto que no pedían aumento de jornal ni menos horas de trabajo”, y de haber pronunciado en un mitin “que en Navarra, por encima de todo, había de triunfar el Frente Popular, cuando no fuese por los votos había de ser por las pistolas, de las que su amigo Aquilino había introducido varias en Tudela”.

El 20 de febrero de 1937, declaraban en Corella varios de los falangistas que acudieron a Tudela la madrugada del 19 de julio de 1936. Ángel Catalán, Cirilo Arellano y Manuel Romano coincidían en afirmar que sobre las once y media del 18 de julio, recibieron una orden para que los falangistas de la zona se concentrasen en Tudela, que obedeciendo esta orden se dirigieron en una camioneta llegando a la capital ribera hacia las doce y media; que antes de entrar en el pueblo se encontraron con un control de carretera de la Guardia Civil y que estos guardias les dijeron que en la plaza había unos trescientos izquierdistas capitaneados por Aquiles. Les recomendaron no entrar, pero como ellos tenían orden de concentrarse en Tudela, siguieron adelante. Catalán afirmaba rotundamente que Aquiles “era el que capitaneaba el día de autos al grupo agresor”.

El 23 de febrero, el alcalde Rufino Añón describía al abogado Aquiles como “una persona que por su cultura e ilustración tiene perfecta consciencia de sus actos (y) uno de los dirigentes que por su propia personalidad más ha contribuido en sus propagandas y mítines al envenenamiento de las masas que ciegamente le seguían”.

Otro partidario del alzamiento, el jefe de Correos Ramón Arregui, también responsabilizaba a Aquiles de organizar los sucesos de la plaza de los Fueros. Le acusaba, junto al exalcalde Burgaleta y al “coronel Moracho”, de ir al cuartelillo “intentando que el jefe de la fuerza desalojase el cuartel y prescindiese de los servicios de varios ciudadanos que, como el que declara, habían ido a ofrecerse a la fuerza para cooperar con ellos”. Este funcionario aseguraba haber escuchado que Aquiles Cuadra llevaba una pistola la noche de autos y que “se despojó de ella tirándola al urinario”. Retrocedía en el tiempo al acusarle también de preparar un atentado “contra el Colegio de los Jesuitas de Tudela para quemarlo en el año en que se echaron a los jesuitas de España”.

El 1 de marzo de 1937, el juez instructor Juan Hidalgo redactaba un auto en el que definía a Aquiles como “de Izquierda Republicana y uno de los principales dirigentes de la política del Frente Popular de Navarra y muy particularmente del partido de Tudela, que tomó parte en numerosos mítines en los que empleaban conceptos disolventes y se excitaba el odio entre las distintas clases sociales, amparando a las masas en toda violencia; propulsor de El Eco del Distrito y de cuantos artículos en él se publicaban; (…) el 16 de febrero de 1936, día de las elecciones, salió por la noche con un grupo del café Royalty dando vivas a la República, cuando la más elemental prudencia y las mismas leyes constitucionales prohibían que esas manifestaciones se celebrasen sin permiso de la autoridad y a altas horas de la noche, y la Guardia Civil, cumpliendo con su deber, las disolvió, haciéndolas volver al sitio de donde habían salido, pero enseguida acudió el señor Aquiles, el que en vez de amparar a la Guardia Civil en el cumplimiento de sus obligaciones y desatendiendo los sentimientos humanitarios que le obligaban a defender la confraternidad entre sus ciudadanos, se puso al habla por teléfono con el Gobernador Civil para que saliera la manifestación, como así se efectuó, quedando por lo tanto la autoridad desairada; pero no se conformó con esto, sino que para demostrar su poder hizo que se trasladara al capitán que había ordenado el anterior servicio”. Sobre los incidentes del día del alzamiento, acusaba a Cuadra de organizar la resistencia contra los falangistas de Corella: “el día 18 de julio, al enterarse por la radio del Movimiento Nacional, anduvo por todos los sitios de la población acompañado de personas de izquierdas, ordenando todo lo concerniente a la preparación de los socialistas y del Frente Popular para oponerse a él; a pesar de ir con el alcalde, el señor Aquiles era el que disponía y fueron después de prevenirlo todo al cuartel de la Guardia Civil y en tono imperativo preguntó qué sucedía en el cuartel, pues veía entrar y salir elementos de derechas, no dándole explicación ninguna y obligándose a que se retirara de aquel lugar; cuando iba al cuartel lo hizo con Burgaleta, Polón y el coronel Moracho, que de allí subió por la calle de Gaztambide a la plaza dando instrucciones, permaneciendo en la plaza hasta que se produjo la agresión por él preparada contra los falangistas que llamados por la autoridad, venían de Corella a Tudela, partiendo las primeras agresiones de los guardias municipales y personas que con él habían estado en el Casino Mercantil; que con anterioridad a esto había procurado el Aquiles Cuadra dejar desarmados a las derechas, para lo cual había ordenado cachear a todos los individuos que no fueran de izquierdas y cerrar el Círculo de Falange, donde pusieron para custodia dos o tres serenos y cinco o seis de la Juventud Socialista; (…) que en todas sus correrías de aquella noche se hacía custodiar por guardias municipales, desapareciendo de la plaza, y huyendo a esconderse donde la fuerza pública no pudiera encontrarle y trasladándose el día 20 de julio a Alfaro y continuando a Miranda de Ebro”. El auto terminaba dando orden de procesar a Aquiles por un delito de “rebelión militar”.

El día siguiente, 2 de marzo, Aquiles volvía a declarar ante el juez haciendo constar su talante moderado: “como hombre de leyes, como amante del orden y como hombre formado en un criterio individualista y burgués, no ha sido jamás disolvente, ni mucho menos de excitación al odio entre las distintas clases sociales, sino buscando siempre la armonía entre estas y declarándose enemigo de toda violencia”. Negaba haber preparado actos de resistencia contra los falangistas el 18 de julio, “ni tenía por qué hacerlos; ni siquiera ha usado jamás armas de ninguna clase, ni tonos imperativos en sus conversaciones, lo mismo con el señor capitán como con el alférez de la Guardia Civil, las cuales fueron siempre de tonos completamente cordiales, aunque el señor Burgaleta, por su temperamento un tanto impulsivo, se produjese en algún momento de distinta manera; que al cuartel fue solo con el señor alcalde, sin que allí concurriese en ningún momento el señor Polón; (…) que no dio ninguna clase de instrucción a nadie y que su único consejo (…) fue el de que había de respetar a la fuerza pública y que esta actitud de respeto mantenida por todos haría que nadie tuviese nada que temer”. Interrogado sobre si sabía de la llegada a Tudela de los falangistas la noche del 18 de julio, respondía que “nadie tenía noticia, por lo menos la gente de izquierda, ni pasa el declarante por creer que la autoridad les hubiese requerido, cuando la única autoridad entonces era el alcalde señor Burgaleta, ni quiere suponer tampoco que las hubiera requerido la autoridad representada en el alférez o capitán de la Guardia Civil, puesto que tenía a sus órdenes sobradas fuerzas disponibles, las cuales, como tiene repetidamente dicho en sus declaraciones, despejaron pacíficamente la calle de Gaztambide y la plaza de los Fueros, de la que se retiraron con absoluta tranquilidad sin ser molestadas en lo más mínimo”.

Aquiles quiso resaltar al juez militar que su nombre no aparecía en las diligencias judiciales que el juzgado municipal de Tudela abrió para esclarecer los incidentes del 18 de julio: “sobre los hechos ocurridos en la noche indicada, y sobre los disparos efectuados, se siguieron actuaciones sumariales por el Juzgado de Instrucción de Tudela en las que tiene la completa seguridad de no aparecer mezclado su nombre”; y pedía que se tomase declaración a varios derechistas tudelanos: “don Víctor Morte y Celayeta, jefe tradicionalista de Tudela; don José Gaytán de Ayala y Ansótegui; don Federico Pablo Olivert y Díaz, juez excedente, propietario y abogado; don Esteban Frauca Barreneche, abogado y secretario del ayuntamiento de Tudela; al señor capitán de la Guardia Civil que prestó sus servicios en Tudela desde primeros de marzo hasta el 18 de julio; al señor juez de Primera Instancia de Tudela y secretario del mismo; al excelentísimo señor don Tomás Domínguez de Arévalo, conde de Rodezno; y a cualesquiera otras personas de la misma significación”.

El 8 de marzo llegó al tribunal militar un escrito del juez de instrucción civil de Tudela: “tengo el honor de participar a Vd. que en este Juzgado se sigue el sumario n. 171 de 1936 sobre lesiones causadas a unos individuos por disparos de arma de fuego en la plaza de los Fueros de esta ciudad en la noche del 18 al 19 de julio del año último, y que en dicha causa no aparece por ningún concepto el nombre de Aquiles Cuadra”.

El 13 de marzo el comisario policial de León enviaba un informe al juez instructor: “el 3 de agosto de 1936 Aquiles Cuadra de Miguel, Eliseo Viuda Muras y Cecilio Sotillo de Orbe se hospedaron en la fonda La Astorgana, en León, diciendo que procedían de otra pensión de esta capital, donde habían llegado de Miranda, permaneciendo en la misma habitación los dos últimos, siendo todos inseparables y reuniéndose los tres en una de las habitaciones en la que permanecían largas horas, en ocasiones hasta las dos o las tres de la madrugada. Salían siempre juntos, frecuentando el café Cervantes, donde no se les veía relacionarse con nadie, permaneciendo varias horas sentados en una mesa, por lo que se hicieron sospechosos al dueño, quien hizo presentar en esta comisaría a los dos últimamente citados. (…) Al enterarse el Sr. Cuadra de la detención de sus compañeros, se trasladó de pensión con el pretexto de reducir gastos, hospedándose en La Esperanza, de la que desapareció, ignorándose la fecha. (…) En La Astorgana dio el nombre de Domingo Caballer Cuiller, viajante natural de Cartagena, siéndole encontrada su verdadera cédula en un zapato abandonado en la fonda”.

El 6 de abril de 1937, el derechista tudelano Cándido Frauca, “Gestor Provincial de Navarra”, declaraba ante el juez que Aquiles “siempre estuvo al servicio de los extremistas y que su actuación se acomodó por lo tanto a la manera de pensar de estos, pues era un verdadero enamorado de las ideas de Azaña y Casares”.

Interrogado sobre lo sucedido en Tudela el sábado 18 de julio por la noche, respondía que él llegó “a las doce de la noche porque había tenido confidencias de que el coronel Moracho estaba en el distrito para preparar una columna de extremistas. Cuando llegó fue al cuartel de la Guardia Civil para decirles que a la mañana siguiente llegaría una compañía de Estella, que aquella noche se arreglaran como pudieran ellos y los elementos de derechas que estaban a su lado. Que al ir del cuartel al Casino Tudelano, donde estaban reunidos los de derechas, a pocos metros, en el bar Sainz, estaban los de izquierdas y por la calle grupos numerosos. Tan pronto llegó al Casino le desvalijaron el coche los municipales y serenos y a continuación cachearon a gentes de derechas que salían del Círculo Tradicionalista. Seguidamente fue acordonado el Casino por municipales y serenos con pistola en mano, en cuyo momento, de acuerdo con dos capitanes de caballería, bajaron a la calle a disuadirles de que no estuvieran en esa actitud que por su nerviosismo pudieran ocasionar alguna desgracia, y en vista de las circunstancias avisaron al cuartel de la Guardia Civil, saliendo inmediatamente esta que empezó a desarmar a dichos agentes municipales”. Sobre lo ocurrido en la plaza no sabía nada “porque no estaba en aquel sitio”.

El 17 de mayo de 1937, Aquiles Cuadra solicitó al juez civil de Tudela, que llevaba el sumario 171/1936 sobre los sucesos de la noche del 18 de julio, que pusiese una “cuestión de competencia para que por ese Juzgado se requiriera a la jurisdicción militar al objeto de que se aparte del conocimiento de los hechos expresados. Que como consta a ese Juzgado, los sucesos referidos son anteriores a la publicación del Bando de declaración del Estado de Guerra, lo cual ya de por sí acredita que no pueden ser constitutivos de rebelión contra el actual Gobierno del Estado Nacional, que no existía en el momento de sucederse aquellos hechos, pero menos puede serlo de un delito de rebelión militar, dado que quienes en ellos intervinieron ni formaban parte del Ejército o fuerzas públicas auxiliares, ni tenían organización ni dirección militar ni el carácter o condición de militarizados (condición esta que no podía concurrir en los que resultaron heridos, por cuanto que no podían ostentarla ni les pudo ser conferida antes de publicarse el bando mencionado); por lo cual son sencillamente un delito de desorden público con disparo y lesiones, cuyo conocimiento está atribuido a la jurisdicción ordinaria que debe continuar conociendo de los mismos”.

El fiscal militar de Burgos se manifestó contrario a esta petición, ya que para él Aquiles había participado en un “alzamiento en armas contra el único poder legítimo en España que el glorioso Ejército asumió en la histórica fecha de 18 de julio de 1936, respondiendo así al primero y más importante de sus deberes, el de sostener la independencia de la Patria y defenderla de sus enemigos exteriores e interiores (…). Pero además se le imputa al encartado en el auto de procesamiento la dirección de las agresiones a fuerzas de falangistas llamadas por la Autoridad, de las que resultaron algunos heridos. El indicado don Aquiles Cuadra conocía perfectamente y de modo indudable la declaración del estado de guerra horas antes de producirse los sucesos, (…) pero aún en el supuesto de que no la conociera, hipótesis contraria a su propia confesión, también se hallaría incurso en el n.º 4º del artículo 337, porque este precepto comprende los hechos realizados antes o después de haberse declarado el estado de guerra, siendo muy de tenerse en cuenta que los sucesos ocurrieron en la madrugada del 19 de julio, cuando el Movimiento militar era público en toda la Nación, y precisamente por ello y para oponerse violentamente a su triunfo (…) es por lo que acaecieron. Por estas consideraciones entiende el Ministerio Fiscal que procede desestimar la petición”. Y añadía: “en estos casos y en las circunstancias actuales tiene preponderancia la jurisdicción especial sobre la ordinaria, pues así lo requiere la suprema necesidad de la defensa nacional”; “es obvio que la promulgación anterior o posterior del estado de guerra alcanza un valor meramente episódico y accidental a los fines que por ahora interesan, o sea, los concretos de competencia”.

El 10 de noviembre de 1937, se celebró el consejo de guerra que debía decidir si Aquiles era culpable de “rebelión militar”. Ese día testificaron Tomás Domínguez (conde de Rodezno), Esteban Frauca, José María Iribarren y Moisés Ichaso, afirmando ante el tribunal que el acusado era persona de orden y alejado de toda violencia. Moisés Ichaso añadía que el día de los incidentes en la plaza de los Fueros oyó decir a Aquiles que “había que respetar la actitud de la Guardia Civil”. El fiscal solicitó “pena de muerte y pérdida de sus bienes para indemnizar al Estado, que no serán suficientes para todos los daños causados”. La defensa, llevada por Fernando Castelló Cuell, pedía la absolución argumentando que “el Movimiento nació con la declaración del Estado de Guerra y por lo tanto no hay rebelión hasta la publicación citada” y “que los milicianos no estaban militarizados hasta la publicación del bando y por lo tanto no eran militares cuando se produjo el hecho”. Este abogado también recordaba que las jurisdicciones civil y militar se hallaban juzgando los mismos hechos y que “los informes de la Guardia Civil en el sumario civil y en el militar no son los mismos, pues en el primero se pone como dirigente al señor Burgaleta y en el segundo al señor Cuadra”.

La sentencia fue la esperada: pena de muerte “reservando al Estado la acción civil para exigir al condenado indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la rebelión, a cuyo efecto será remitido testimonio de esta sentencia a la Comisión Central de Incautación de Bienes”. El tribunal estimó que “las propagandas hechas por el procesado con anterioridad a la fecha del Glorioso Alzamiento Nacional; la actuación del mismo para evitar el triunfo de aquel en Tudela; la influencia ejercida y las órdenes dadas con tal objeto a los empleados municipales que se opusieron con las armas a las fuerzas que se concentraban para unirse al Movimiento, son constitutivas de un delito de rebelión militar previsto y penado en el párrafo 2º del artículo 238 en relación con el 237 del Código de Justicia Militar; puesto que el movimiento de rebelión que se inició contra el ejército al asumir este las funciones del Gobierno de la Nación, al que intentó secundar en Tudela el procesado con los medios que tuvo a su alcance, reúne las circunstancias señaladas en el último citado artículo”.

El trámite judicial siguió su curso con el envío de la sentencia al auditor de Burgos, quien anuló la sentencia por defectos de forma el 10 de diciembre de 1937: “el artículo 458 del Código de Justicia Militar, en su párrafo II, previene que a los procesados no se les exigirá juramento, pero se les exhortará a que digan la verdad, siendo causa de nulidad la omisión en la indagatoria de esta exhortación, conforme tiene sentado el Consejo Supremo de Guerra y Marina en su providencia de 3 de junio de 1908”. Como consecuencia directa de lo anterior, el auditor proponía al General Jefe de la región que “anulase la sentencia dictada” para que “volviendo a su juez instructor se subsane tal omisión recibiendo en forma legal nueva declaración indagatoria al encausado y elevándola después en consulta, a las que dará la mayor rapidez posible”. El General Jefe de la región, López Pinto, siguió el consejo de su auditor y anuló la sentencia al día siguiente, decisión que supuso la anulación de las declaraciones prestadas hasta entonces por Aquiles ante el juez del caso.

Aquiles eligió un nuevo abogado para su defensa ya que quien había ejercido este puesto hasta entonces, Fernando Castelló, había salido hacia el frente de Aragón. El nuevo abogado fue el teniente pamplonés Ángel Balda Pinaqui. Durante la primera quincena de enero de 1938, varios testigos que prestaron declaración en la primera parte del procesamiento, como Moisés Ichaso, José María Iribarren, el conde de Rodezno o Eugenio Frauca, remitieron cartas al nuevo abogado en las que se ratificaban en sus declaraciones anteriores y autorizaban a este para hacer uso de ellas como le pareciese.

Subsanados los defectos de forma, el 19 de enero de 1938 se celebró el nuevo consejo de guerra, compuesto por el teniente coronel Emiliano Ruiz del Río como presidente, y Eusebio Martínez, Martín García del Pino, Donato Bengoechea, Crescente Martínez de Irujo y Pío Escudero como vocales. Ángel Balda, abogado defensor, pedía la absolución de Aquiles: “es necesaria la preexistencia de un poder, de un gobierno, para que contra él se produzca la rebelión y ese momento no es otro que el de la publicación del Bando de Guerra, pues es indiscutible que hasta que no se publica no ha surgido la nueva legalidad, y eso mismo demostró el Bando publicado a las seis de la mañana del 19 de julio; además no aparece ni aún insinuado que en la plaza de los Fueros de Tudela hubiera la noche del 18 de julio partida de ninguna especie militarmente organizada ni con armas, y si tan solo los agentes municipales guardadores del orden público y en actitud tranquila y pacífica; (…) es evidente que el grupo de Corella no formaba parte de la fuerza pública, por lo que la agresión no encaja dentro de las características que señala el número 4 del repetido artículo”. Terminaba su exposición asegurando que “se tiene comprobado que no hubo tal acto de agresión que sirve de fundamento a la tesis acusatoria, sino que por el contrario la agresión fue a la inversa y que en todo caso nada acredita la participación de su patrocinado en nada de lo que va examinado”.

El presidente del tribunal preguntó al acusado si tenía “algo más que exponer”, a lo que Aquiles respondía recordando al tribunal militar que los hechos por los que le acusaban de rebelión ya habían sido juzgados por el tribunal civil de Tudela: “los hechos fueron en principio instruidos por el Juzgado Civil de Tudela y está claramente justificado que no hubo preparación previa", añadiendo que sus recomendaciones fueron siempre que "se respetara a la fuerza" y que siempre había sido "contrario a la violencia”.

Tras escuchar las palabras de Aquiles, el tribunal se retiró para deliberar una sentencia que ya estaba decidida de antemano: pena de muerte. Solo restaba poner fecha al cumplimiento de la sentencia. El 31 de enero de 1938 el conde de Rodezno, Tomás Rodríguez Arévalo, fue nombrado Ministro de Justicia por Francisco Franco, lo que, al parecer, supuso un parón momentáneo en la aplicación de la pena capital contra Aquiles.

El 21 de febrero de 1938, el auditor de Burgos daba por buena la sentencia y remitía su parecer al General Jefe, quien con su decreto favorable dejaba el caso judicialmente cerrado, pero por alguna razón el auditor de Burgos tardó un año y tres meses en proseguir con los pasos del expediente. La razón de este retraso fue, al parecer, la intervención del conde de Rodezno, a la sazón Ministro de Justicia, quien pudiera haber influido para evitar la ejecución de Aquiles mientras ejercía como ministro. Pero el 9 de agosto de 1939 Francisco Franco remodeló el gobierno y colocó a Esteban Bilbao en el Ministerio de Justicia.

Con más de un año de demora, el 25 de septiembre de 1939, el auditor de Burgos hacía acuse de recibo del escrito del Jefe del Estado fechado el 2 de junio de 1938: “habiéndose recibido en esta Auditoría de la Asesoría Jurídica del Cuartel General la adjunta resolución de SE el Jefe del Estado dándose por enterado de la pena de muerte impuesta a Aquiles Cuadra de Miguel, (…) procede que se una a la presente causa, y dado que el condenado se halla en la prisión provincial de Pamplona, que Vd. acuerde pase a un juez militar de los de aquella plaza para su inmediata ejecución de conformidad con lo establecido en el artículo 635 y siguientes pertinentes del Código de Justicia Militar”. Al día siguiente, el General Jefe de la región decretó cumplir lo solicitado por su auditor.

El 18 de octubre de 1939, el juez del caso y su secretario se presentaron en la cárcel de Pamplona para comunicar a Aquiles que al día siguiente se cumpliría la sentencia. Aquiles, asistido por su abogado, oyó “la sentencia dictada por el Consejo de Guerra declarada firme por la aprobación de la autoridad judicial de acuerdo con su auditor”. El juez pidió la firma de Aquiles pero este se negó. Acto seguido fue conducido “a la sala destinada a capilla”. Al día siguiente, a las seis de la mañana, Aquiles caía fusilado. 

Ricarlo Urrizola. Extracto del libro Consejo de guerra. La injusticia militar en Navarra (1936-1940)