Con mayor determinación y legitimidad · David Pla | epílogo al libro 'El desarme. La vía vasca'

En 2011, cuando la Organización decidió dar fin a la lucha armada, nadie podía imaginar que seis años después nos encontraríamos en esta situación. Y mucho menos que el desarme de la Organización se produciría unilateralmente y de mano de la sociedad civil, después de que los estados español y francés hiciesen todo lo posible para evitarlo.

Durante estos años se han producido muchas situaciones paradójicas de este tipo. Además de negar la negociación, los estados han rechazado e incluso atacado iniciativas que pudieran ser de su interés, desde la verificación del alto el fuego al propio desarme. Todo ello ha provocado la incredulidad de los expertos internacionales, quienes han calificado la actuación española de «antimodelo» para la solución de conflictos.

La cuestión reside en que España no quería ni quiere la paz y la solución. Tras las decisiones adoptadas por la Organización y la izquierda abertzale, la preocupación de España, más que el final ordenado de la confrontación armada, ha sido el cambio de ciclo; es decir, el nuevo tiempo que pudiera abrirse para la confrontación democrática. Porque el final de uno y el comienzo del otro son dos eslabones de la misma cadena.

España no quiere una solución razonable. Por una parte, porque su carácter es totalmente antidemocrático. El sometimiento es la única opción que ofrece. Y por otra, porque, en un momento en el que el régimen del 78 se tambalea, España sufre una debilidad estratégica. No tiene oferta democrática atractiva que realizar, precisamente cuando el debate podría abrirse de par en par.

Además, España le tenía cogida la medida a la situación anterior y soñaba que, acrecentando la represión y ampliándola a toda la izquierda abertzale, vencería al movimiento de liberación. Pero el cambio de estrategia de la izquierda abertzale y las decisiones de la Organización modificaron el tablero político.

Así se puede decir que lo sucedido en los últimos años, más que un proceso de paz, ha supuesto una batalla entre quienes buscan la resolución y quienes la quieren hacer imposible. Los principales movimientos de los últimos años son fruto de ese choque:

• En el contexto de cambio de estrategia de la izquierda abertzale, personalidades internacionales de renombre realizaron un doble llamamiento en la Declaración de Bruselas: a la Organización le solicitaban que decretara un alto el fuego permanente y verificable internacionalmente, y al Gobierno español, en caso de que la Organización diera ese paso, le demandaban que abriera conversaciones para emprender un proceso de paz.
• En enero de 2011, la Organización decretó un alto el fuego permanente, general y verificable, en respuesta a la Declaración de Bruselas. El Gobierno español calificó de insuficiente el paso y rechazó la verificación internacional. Esa es la primera circunstancia curiosa producida durante este proceso. De hecho, en procesos de esta índole la verificación del alto el fuego suele ser una condición impuesta a la organización armada, una especie de fiscalización de su actividad, para ofrecer seguridad a la otra parte. Pero España no quería nada de eso, con el objetivo de restar valor al paso dado. Durante meses alimentó dudas sobre la voluntad de la Organización.

ETA, en cambio, aceptó la verificación, pese a ser rechazada por el Gobierno español y, por consiguiente, no contar con el reconocimiento oficial. Así facilitó la constitución de la Comisión Internacional de Verificación. Dio aquel paso mirando a Euskal Herria y a la comunidad internacional para dar credibilidad y consistencia a su decisión y para comenzar a construir la estructura de un proceso de soluciones.

• Los pasos de la Organización tuvieron consecuencias. En Euskal Herria prendió la esperanza por un proceso de paz y, para iniciarlo, atrajo la participación directa y estable de un grupo de mediadores internacionales. Ese grupo se relacionaba tanto con la Organización como con el Gobierno español, cada uno por su lado. Sus funciones eran escuchar a las partes, presentar la posibilidad de abrir un proceso de negociación y elaborar propuestas a tal efecto.

En esas relaciones, la Organización mostró su disposición a emprender un proceso de negociación y, para que ello se produjera en unas condiciones adecuadas, remarcó la importancia de que los estados abandonaran su acción represiva.

El Gobierno español se mostraba dispuesto a encarar el camino de la solución, pero para eso antes ponía como condición el final de la lucha armada por parte de la Organización. Después sí habría que liberar a los presos, decía, y más aún, deberían tener ayuda económica para emprender la vida cotidiana. Imagínense qué credibilidad tenía esa repentina generosidad antes de comenzar las negociaciones.

Seguramente, el Gobierno español creía que la Organización no aceptaría la propuesta. Normalmente, tal decisión es consecuencia de una negociación, y difícilmente las organizaciones armadas las aceptan como punto de partida. Es de suponer que el Gobierno español buscaba una respuesta negativa para dejar sobre la Organización la responsabilidad de que no hubiese proceso. Sabía, además, que el debate sobre el cambio de estrategia se había producido en un ambiente revuelto en la izquierda abertzale y que aún el acuerdo no era absoluto. Por tanto, cabe pensar que con esa propuesta pretendía crear conflicto en el seno de la izquierda abertzale hasta lograr su escisión.

Tomando en cuenta lo escuchado en las relaciones entabladas con el Gobierno español y la Organización, el grupo mediador realizó una propuesta a las partes que recogía la Conferencia de Aiete y una hoja de ruta completa con los compromisos de ambos.

Tras realizar algunas aportaciones y otras propuestas que no salieron adelante, ETA decidió aceptar la proposición. No era un modelo perfecto, pues no garantizaba que se cumplieran los compromisos recogidos en la hoja de ruta y, de cara a la negociación, debilitaba la posición de la Organización. Hay que tener en cuenta, además, que la decisión de abandonar la lucha armada tenía carácter estratégico, unida al cambio de estrategia. Es decir, que la Organización tenía plenamente asumido que no volvería a la actividad armada. Cuándo y en qué condiciones hacer efectiva la decisión era sobre lo que había que reflexionar.

También el Gobierno español la aceptó, pero intentó introducir cambios en el diseño de la Conferencia de Aiete hasta el último momento para restarle dimensión. El Gobierno español no tenía intención de desarrollar la hoja de ruta y quería amortiguar el coste político que ello le podría producir. Y, asimismo, quería que la decisión de la Organización apareciera lo más aislada posible para poder hacer el discurso de la derrota.

Con todo, hay que subrayar que la Declaración de Aiete y la hoja de ruta secreta cumplían todas las condiciones para lograr el acuerdo. Respondía a los deseos y punto de vista de la ciudadanía vasca y de la mayoría de los agentes vascos, y seguía los estándares internacionales. En cierta medida, se puede decir que era la síntesis de las proposiciones realizadas con antelación, desde la propuesta de Anoeta de la izquierda abertzale hasta el Pacto de Ajuria Enea. Ni siquiera aquellos que relacionaban el alejamiento y dispersión de los presos o la ilegalización de la izquierda abertzale con la lucha armada entendían por qué tener problemas con esta hoja de ruta.

La Conferencia de Aiete se celebró, la Organización hizo pública la declaración que anunciaba el final de la lucha armada y una delegación de esta se estableció en un país europeo, con todas las medidas de seguridad. Todo estaba dispuesto para entablar el diálogo. Pero el Estado español se negó, tanto en el tiempo que el PSOE estuvo en el Gobierno como cuando llegó el PP. España asumió el coste político que pudiera traerle esa actitud negativa en Euskal Herria y en determinados ámbitos internacionales, en beneficio de otros objetivos. Dejó bloqueada la posibilidad de la solución, enfrió el ambiente creado en Euskal Herria, colapsó la estrategia de la izquierda abertzale y generó inquietud en su base social. Quería dejar a la izquierda abertzale, y también a Euskal Herria, ancladas en el pasado.

Hay que reseñar que para ello contó con la colaboración del PNV y el Gobierno de Gasteiz. Quizá no daban por buenas todas la decisiones de los estados, pero la situación de bloqueo les favorecía porque sacaban ventaja política.

Hasta entonces la opinión mayoritaria era que las consecuencias del conflicto se debían arreglar mediante negociaciones bilaterales entre los estados y la Organización. El desarme de ETA, la vuelta de presos y refugiados y la desmilitarización de Euskal Herria debían acordarse entre los estados y la Organización. Tenía su lógica pues habían sido los actores principales de la confrontación armada y eran quienes tenían capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas en esos ámbitos. Además, con los antecedentes de los anteriores procesos, ese modelo bilateral estaba muy arraigado en el imaginario colectivo de todos nosotros.

Pero el proceso actual tenía sus particularidades. Fue puesto en marcha por la iniciativa unilateral de la Organización y, aunque el Estado español adoptó compromisos concretos, los estados no tenían una disposición positiva. En cierta forma, en la lógica de los pasos anteriores, otorgar vida propia al proceso era la forma de atrapar en él a los estados. Pero cuando llegamos a ese punto, la Organización se quedó sola, pues ese modelo hacía que la ciudadanía y agentes vascos fueran meros espectadores.

El modelo de Aiete era muy adecuado para abordar la negociación pero ofrecía pocos recursos para responder a la negativa de los estados. Aiete contaba con la adhesión de la ciudadanía vasca y de apoyos internacionales significativos. Pero para que todo ello se convirtiera en activo para el proceso, resultaba imprescindible el acuerdo y empuje de las fuerzas políticas vascas que suscribieron Aiete. Se intentó, pero el PNV no quiso. No quería colaborar con la izquierda abertzale, y mucho menos confrontar con los estados. En Ipar Euskal Herria sucedió de otra forma y, durante estos años, se ha producido una dinámica rica y fructífera entre las distintas fuerzas políticas.

El desarme merece una mención propia. Como hemos dicho, en aquel tiempo se consideraba que el desarme se produciría como consecuencia del acuerdo entre los estados y la Organización. ETA así lo entendía y, tras anunciar el fin de la lucha armada, el desarme era una de las pocas opciones para incidir en las otras cuestiones objeto de diálogo. El logro que podía servir a la otra parte para argumentar sus pasos. Por tanto, las armas tenían su importancia para ETA, pero ahora no para hacer la guerra, sino para construir la paz estable.

Desde esa perspectiva, al objeto de revivir el proceso, la Organización le hizo una oferta concreta al Gobierno francés. Le ofreció destruir un número significativo de armas para mostrar que estaba dispuesta a llegar hasta el final, si el Gobierno francés, a continuación, adoptaba el compromiso de abrir conversaciones con la Organización. Su único objetivo era alimentar la posibilidad de la resolución. Al parecer, la propuesta provocó debate en el Gobierno francés y reconocieron a ETA su consistencia. Pero respondieron negativamente. Francia no quería distanciarse de la estrategia de España.

Tras ese último intento se dio por agotada la opción de abrir negociaciones bilaterales y el marco físico de diálogo se dio por clausurado a principios de 2013.

Para entonces, la posibilidad de una solución ordenada estaba en plena crisis. Salvo la Comisión Internacional de Verificación, los estados lograron desactivar casi todo lo construido para facilitar la resolución. Y esperar a la respuesta estatal solo asentaba el bloqueo y acrecentaba la desesperanza. Estaba claro que, si se quería una vía de solución, la mirada tenía que ponerse en Euskal Herria, que el proceso debía alimentarse desde y para Euskal Herria. Aunque algunos pasos de los estados fueran imprescindibles, para lograrlos había que actuar como pueblo.

En ese contexto, vista la actitud de los estados y las disputas entre los partidos vascos, fue la sociedad civil la que tomó la iniciativa de la mano de Bake Bidea y el Foro Social. Recogiendo las aportaciones de expertos internacionales, presentaron una propuesta de 12 recomendaciones a la sociedad vasca. Tenía un doble objetivo: facilitar el acuerdo entre los agentes vascos y comenzar a dar pasos en la resolución de las consecuencias del conflicto. La Organización y el EPPK mostraron al poco tiempo disposición a colaborar y se constituyó la comisión para impulsar el proceso de paz con la responsabilidad de dinamizar dichas recomendaciones.

Finalmente, en aquel momento, la dinámica del Foro Social no logró la dimensión que se esperaba, porque el PNV marcó distancia. Para entonces estaba ya en Ajuria Enea y no quería compartir protagonismo. Además, pretendía aislar a la izquierda abertzale, dejándola sin ámbito para la resolución, para que quedara subordinada al PNV. Entretanto, la izquierda abertzale era el objeto de todas sus críticas, haciéndole responsable del bloqueo. La actitud del PNV tiene como complemento la estrategia del Estado.

En todo caso, el esquema del Foro Social fijaba el camino a seguir: sacó la agenda de las consecuencias del conflicto de la mesa de negociaciones entre los estados y la Organización y la llevó a la sociedad vasca, dio protagonismo a la sociedad civil, remarcó que los acuerdos deben buscarse en Euskal Herria y, sin esperar a un acuerdo global, propuso avanzar allá donde se pudiera, para que la lógica de la resolución se impusiera.

La Organización, por su parte, tomó la iniciativa y acordó el sellado de sus arsenales con la Comisión Internacional de Verificación. Con ese paso quería remover el escenario político. Por una parte, pretendía alimentar la dinámica del Foro Social prácticamente. Por otra, quería condicionar la actuación del PNV y el Gobierno de Gasteiz, puesto que estaba utilizando el desarme para desgastar a la izquierda abertzale y para mantener oculta la urgencia de la situación de los presos políticos. Y, por último, quería dejar en evidencia la estrategia de los estados, para resaltar que sus ataques no eran contra la Organización, sino contra la resolución y la razón.

Además de ser el comienzo del desarme, el sellado de los arsenales fue el precedente de la iniciativa Luhuso-Baiona. Tanto la Organización como la Comisión Internacional de Verificación mostraron un gran compromiso al asumir el riesgo de iniciarlo sin la aceptación y garantías de los estados. Todo por el bien de Euskal Herria y la resolución. Así se puso en cuestión la autoridad de los estados que mantenían una actitud tan negativa, y los tribunales españoles llamaron a declarar a los miembros de la CIV.

España envió a la Guardia Civil a evitar el sellado de los arsenales de la Organización, como la mandó a sellar los lugares de votación en Catalunya, y durante meses llevaron a cabo varias operaciones policiales en Euskal Herria deteniendo a miembros de ETA y ciudadanos que ayudaban al proceso e incautándose del armamento sellado.   

Esos ataques demuestran que el Estado español no busca el final de la confrontación armada. Ni acordada ni unilateral. Lo que buscaba era la imagen de la derrota de la Organización, la imagen de vencedores y vencidos, porque así consideraba que condicionaría el futuro del movimiento de liberación. Una vez abandonada la lucha armada, intentaron recrear la victoria que no lograron cuando se mantenía la actuación armada.

Esos ataques complicaron y retrasaron el proceso. Pero, al mismo tiempo, activaron nuevos compromisos para avanzar. Las operaciones policiales provocaron iniciativas multitudinarias y cada vez más sectores cuestionan la autoridad de los estados. Resulta muy significativa, por ejemplo, la iniciativa popular surgida tras la operación policial de Ortzaize bajo el lema “Tenéis abiertas las puertas de mi casa”.

Así llegamos a las puertas de la iniciativa Luhuso-Baiona. La Organización hizo su reflexión y llegó a las siguientes conclusiones: 1) Que el desarme ya no será moneda de cambio en una hipotética negociación y que, en esa medida, sería la sociedad civil la que asumiera la responsabilidad de superar las consecuencias del conflicto. 2) Que la estrategia del Estado era convertir en imposible el desarme, dejando a la Organización anulada para llevar su decisión estratégica hasta el final; es decir, proyectar una y otra vez la imagen de la fase anterior. En esas circunstancias, en lugar de esperar a las condiciones propicias para el desarme, decide intentar crear nuevas condiciones materializándolo.

La propuesta de los artesanos de la paz ofreció la oportunidad de realizar la primera iniciativa, que buscaba posibilitar posteriormente el desarme total. Aunque la operación policial frustró el intento, provocó una gran ola de apoyo y solidaridad. Todo ello aceleró el desarme total y ofreció la posibilidad de ejecutarlo, puesto que siguiendo el modelo de los artesanos de la paz los compromisos y opciones de colaboración se multiplicaron.

La iniciativa de Baiona tuvo tres logros:

• Mostrar la fuerza del pueblo; la voluntad popular logra imponerse a las intenciones mezquinas de los estados.
• Cohesionar al pueblo; cuando las instituciones, la sociedad civil y los ciudadanos actúan conjuntamente.
• Ofrecer la oportunidad para seguir adelante; cerrar un reto para emprender los siguientes con mayor determinación y legitimidad que antes.

De este modo, la Organización dejó en manos de la sociedad civil de Euskal Herria sus armas, cerrando un ciclo histórico. Porque retornó al pueblo las armas que tuvo que coger en su defensa para continuar el camino en favor de la paz y la libertad.