El secuestro de Felipe Huarte | ETA. Historia política de una lucha armada

La relación entre ETA y el movimiento obrero es seguramente uno de los temas más delicados para tratar. Los niveles en los cuales se encuentran contradicciones son múltiples. La lucha armada, por obvias exigencias estructurales y de seguridad, no puede salir del terreno de la clandestinidad y esto es su límite perjudicial; sin embargo la clase obrera no puede delegar a vanguardias clandestinas la gestión del enfrentamiento de clases y de sus niveles de lucha. No queremos aquí enfrentarnos a este problema que, además de ser muy amplio, nos llevaría muy lejos.

En el marco de una historia política de ETA diremos que, en 1972-73, algunas de sus acciones armadas nos permiten enfocar este problema, es decir la relación entre ETA y las luchas obreras. Además de la destrucción de algunos centros del sindicato vertical, del incendio de numerosos coches de industriales y de sus chalets, dos de estos industriales son secuestrados: Zabala y Huarte. 

Felipe Huarte representa una verdadera potencia económica y aparece en el puesto 29 en el escalafón de las mayores empresas del Estado. Es el constructor del monstruoso monumento que mandó hacer Franco: el «Valle de los caídos», controla directa o indirectamente Imenasa, Perfil en Frío, Beaumont, Torfinasa, Industrias Metálicas Ligeras, Industrias Navarras de Aluminio, Papelera Navarra, Abonos Orgánicos Fermentados, Edifesa, etc. ... Propietario de empresas import-export, invierte en varios países extranjeros y posee el latifundio «Señorío de Sanici», de más de cien mil hectáreas y con más de sesenta kilómetros de carreteras privadas, empresas agrícolas, vinícolas y gaseosas.

Desde hace más de un mes hay un conflicto y una lucha obrera en una de sus empresas, Torfinasa. El convenio colectivo acababa de finalizar y los jurados de empresa presentan una plataforma de reivindicaciones: vacaciones, destajos, premios de producción, saltos de ancianidad, etc. La empresa contesta concediendo una parte verdaderamente ridícula de estas reivindicaciones. Como de costumbre, los jurados apelan a la delegación provincial sindical que, después de varios días, confirma las ofertas de la dirección y cierra el caso. Los obreros, después de haberse reunido en asamblea, deciden pasar a la acción y declaran la huelga.

Hay que observar que Huarte es conocido por la actitud progresista que caracteriza la dirección de sus empresas. En la reunión del consejo de administración él declara textualmente: «No podemos ceder ante algunos revoltosos. Correríamos el riesgo de terminar como en Bizkaia y Gipuzkoa, donde los obreros ahora ya hacen peticiones constantes». Sin embargo, astutamente, sin esperar el vencimiento legal de sus ofertas, las hace extensivas también a las otras empresas suyas de Navarra. Huarte se da cuenta de que Torfinasa sienta un peligroso precedente y que es el termómetro de la situación de las otras empresas. Esta tentativa de jugar con ventaja, de dividir a los obreros mostrando a la vez firmeza en las decisiones, no le sale como él esperaba. La huelga se extiende y se consolida. La solidaridad también. Las propuestas de aumento de salario son rechazadas y se acompañan de listas de despedidos. En este punto la dirección envía 140 cartas de despido y durante una asamblea, a la entrada de la fábrica, la policía carga duramente contra los trabajadores. Sobre un jeep de la Guardia Civil se puede ver al jefe de personal señalando a las personas que hay que detener. Para los despedidos la posibilidad de encontrar trabajo es nula, dado que casi todas las industrias de la zona están controladas por el mismo Huarte y que la policía hace circular las famosas «listas negras» entre los jefes de personal. La lucha continúa pero está llegando a un punto muerto y el cerco no puede durar hasta el infinito. El 16 de enero ETA decide pasar a la acción secuestrando a Huarte.

La acción estaba prevista para las fiestas de Navidad de 1972, pero hubo un retraso debido a problemas de la organización.

El día 16 un comando de cuatro miembros de ETA penetra en Villa Adriana, domicilio de los Huarte, donde familiares y criados son esposados y concentrados en una sala. Huarte tenía la costumbre de volver a casa hacia las siete de la tarde, y había tiempo para examinar esmeradamente la casa, obtener documentos, fotografiar y probar sus famosos vinos. La larga espera termina cuatro horas después, con la llegada de Huarte, cuando, apenas cruzado el umbral, Garratz (1), responsable del comando, le explica el motivo de su visita y le aconseja que permanezca tranquilo. En su propio coche le llevaron primero a conectar con algunos miembros de la dirección de ETA y luego hacia una localidad de Gipuzkoa.

Las condiciones de su puesta en libertad estaban en una carta dejada al lado del teléfono de su casa; se trataba de aceptar todos los puntos contenidos en la plataforma reivindicativa de sus empleados y de pagar un rescate de 50 millones de pesetas.

Durante el secuestro, que ETA llamó detención, Huarte se quedó en una mina abandonada de Itxasondo, en condiciones no muy buenas, aunque exactamente iguales a las de sus vigilantes. El importe pedido era muy bajo si lo comparamos al patrimonio familiar de Huarte, y fue pagado sin ninguna negociación. Una parte fue entregada en el Norte, en Donibane Garazi, otra en Bruselas por medio de dos abogados, Bandrés y Ruiz Balerdi, conocidos defensores de militantes vascos. El dinero había pasado la frontera con la autorización del Instituto de Moneda Extranjera. En el momento de su liberación, según las instrucciones de ETA, la Guardia Civil había renunciado a los controles en las carreteras.

Debido a la notoriedad del secuestrado, a las modalidades del pago del rescate, y a la fama que había alcanzado ETA, este episodio se reflejó en las portadas de los periódicos durante varios días, y levantó una gran polvareda con el objetivo de confundir las ideas y mixtificar los hechos. ABC, por ejemplo, salió con un artículo de Alfredo Semprún que afirmaba que «este episodio está en relación con los problemas del mundo laboral de un establecimiento del grupo Huarte, pero esto es una noticia sin confirmar (...)».

Emilio Romero, de una forma aparentemente incomprensible ataca duramente a Huarte, poniéndose casi fuera de la legalidad franquista con sus afirmaciones; así escribía en Pueblo: «Si la empresa había aceptado las reivindicaciones obreras bajo amenaza de muerte, ¿por qué no lo había hecho por medio de negociaciones pacíficas y formas legales? Si estas reivindicaciones no eran incompatibles con la situación económica de la empresa, ¿por qué no concederlas? En realidad estos comportamientos son antisociales y sirven de pretexto a grupos que aspiran únicamente a crear un clima de violencia en nuestro país».

Romero criticaba además al sindicato que rechazaba las razones de los obreros para luego escuchar únicamente el lenguaje de las metralletas. El diario Informaciones contestaba diciendo que estas afirmaciones bien podían servir a un abogado defensor de los terroristas como atenuantes para sus defendidos. La polémica implicó a todos los periódicos y concluyó con una denuncia de Huarte contra el periodista Romero. Era la primera vez que en el Estado español tenía lugar un enfrentamiento en los medios de comunicación entre un conocido fascista y un oligarca.

El secuestro tuvo importantes repercusiones dentro de ETA por las críticas que desde sectores obreros de Pamplona –fundamentalmente CCOO– se habían hecho contra el secuestro, al que acusaban de suplantación del papel de los trabajadores. Este asunto no era sino la base de la discusión que, a otros niveles, se planteaba en el interior de ETA entre los dos frentes sobre el papel de la lucha armada. (...)

Hasta entonces, en ETA se había visto a los dominadores como un bloque monolítico, compacto, que actuaba al unísono y bajo los mismos intereses. La polémica entre Romero, portavoz de lo más genuino del franquismo, el sindicalismo vertical creado en plena autarquía por un capitalismo muy débil, y Huarte, que representaba a los sectores más progresistas de la economía, indicaba que la función de la lucha armada no se reducía de manera exclusiva a complementar labores de masas que habían llegado a su techo, sino que creaba condiciones nuevas más favorables para el campo revolucionario. Hasta entonces, la teorización de ETA sobre la lucha armada se había limitado a exponer algunas concepciones sobre los aspectos de complementación de la lucha de masas, y cuyo modelo era el secuestro de Zabala. (...)

La teoría del Estado es uno de los elementos claves del marxismo. Existe una concepción general, la más difundida por razones fundamentalmente pedagógicas y de asimilación, que explica el Estado y su funcionamiento como un instrumento dócil y manejable en las manos de la clase dominante. Pero la realidad suele ser bastante más compleja, porque se dan muchos desajustes entre la dinámica económica de la clase dominante y los intereses políticos de los aparatos creados por esta clase para su dominación.

En el caso del Estado español, las polémicas surgidas a raíz del secuestro de Huarte, mostraban una disociación entre el papel y las características del aparato del Estado surgido en la postguerra y los intereses reales del sector económico más progresivo, más europeo, que dirían algunos, tendente a homologarse con los sistemas de Gobierno de las democracias burguesas occidentales.

Hasta qué punto eran contradictorios estos dos sectores, no se vio en ETA hasta la acción de Huarte. A partir de entonces, se trató, dentro de la organización, de que la lucha armada se enfocara en este sentido e hiciera ver a los oligarcas lo inútil que les resultaba el aparato que habían creado un 18 de julio para la política que necesitaban desarrollar. Se trataba, en definitiva, de romper su cohesión interna y propiciar, mediante esas acciones, el aceleramiento de la democracia burguesa en las condiciones más favorables para las clases populares (2).

Este aspecto es muy importante y será recogido en el número 3 de la revista Hautsi con un documento escrito por Pertur (3), donde se hace un balance de esta acción y de sus repercusiones.

La acción de ETA no es sustitutiva de los métodos clásicos de lucha obrera sino, por el contrario, es de apoyo y complementaria. Es decir, donde los obreros no pueden llegar, llega su Vanguardia Armada.

La patronal y el capitalismo han construido un estado a su medida, burgués y represivo, creando fuerzas de policía, ejército, tribunales, sindicatos verticales, etc. con el único objeto de reprimir y ahogar toda lucha del pueblo por defender sus intereses en pos de la igualdad y de la libertad. Hasta ahora dentro del Estado fascista español, y a costa de mucha sangre, lo iban consiguiendo.

Pero el pueblo trabajador vasco ha dicho basta ya, y ha empezado a encuadrarse, en organizaciones que defienden sus aspiraciones tanto de índole social como nacional y ha decidido que ya no se tienen que perder necesariamente más huelgas; que al capitalismo hay que atacarlo con sus mismas armas.

En sustitución de los Tribunales fascistas está constituyendo verdaderos Tribunales Populares (los que condenaron a Manzanas y han condenado a otros colaboradores, chivatos, policías, ...).

Al Sindicato Vertical le oponen Comités de Fábrica libre y democráticamente elegidos.

A los Ayuntamientos y demás órganos estatales los Comités de Barrio, de Pueblo, etc.

Y a la Policía y Guardia Civil un verdadero Ejército popular.

Sabemos que muchas de estas cosas están en sus comienzos pero constituyen ya un embrión de ese futuro poder del pueblo que sustituirá al poder burgués, para construir una sociedad sin clases y sin la explotación del hombre por el hombre: es decir la sociedad comunista.

Ya no es solo la burguesía y el capitalismo los que dictan sus leyes, sino que el Pueblo Trabajador Vasco se siente defendido y sabe que con su lucha acabará venciendo.

El arresto de Felipe Huarte ha sido el primer ataque directo que el pueblo vasco le ha dirigido a la oligarquía dominante y la victoria ha sido total. Al Gobierno y los Sindicatos fascistas no les ha quedado más remedio que ceder ante las reivindicaciones de los obreros de Torfinasa apoyados por la acción armada de ETA. Esto no ha sido más que un paso dentro del largo camino que queda por recorrer, pero un paso importante; la demostración práctica de que al capitalismo se le puede vencer y de que la violencia revolucionaria (algo muy diferente del terrorismo ciego) es «rentable» incluso a corto plazo, esto para salir al paso de quienes critican los métodos revolucionarios (PCE, VI, etc.). Lo que sí hace la violencia revolucionaria es desenmascarar su juego de componendas, utopismos y demás traiciones al pueblo.

Uno de los objetivos más importantes y que se ha conseguido plenamente es el hacer saltar, dentro de las mismas clases en el poder, sus propias contradicciones internas.

La postura adoptada por el Consejo de Empresarios de Navarra es una de las manifestaciones más importantes del conflicto interno que se le plantea al actual régimen español, con vistas a su supervivencia: la necesidad del mantenimiento o aumento de la actual tasa de plusvalía (salarios bajos y beneficios altos) para llevar el ritmo de crecimiento de la industria española a condiciones de competitividad en el mercado internacional capitalista.

Para ello, necesitan el mantenimiento de las actuales estructuras dictatoriales. Con estas estructuras y el agravamiento de conflictos sociales hace aparecer una imagen de brutal injusticia socio-política que les cierra las puertas del Mercado Común Europeo inevitable para su desarrollo económico.

Además, demuestra una inestabilidad social que ahuyenta a las inversiones extranjeras siempre en busca de «seguros beneficios» (como el caso, durante el arresto, de las negociaciones para la implantación de una factoría de la Ford en Navarra).

Dentro de estas mismas contradicciones está la polémica entre los periódicos Pueblo e Informaciones y la denuncia de la familia Huarte a Emilio Romero director del diario Pueblo (de los Sindicatos). Esto es lo que sale a la luz de sus disputas interiores. Informaciones decía el 31-1-72:

Entre las metralletas y el diálogo de sordos hay vías de entendimiento que deben y pueden reconocerse: la huelga y el despido libre, dentro de sus justos cauces.

No nos engañemos con estas pretendidas concesiones. Lo que en realidad pretende la derecha civilizada es institucionalizar el libre despido, es decir, eliminar el paro encubierto para aumentar sus beneficios, a costa ahora de la reducción de plantillas. Pero de todos modos, la concesión del derecho de huelga aún a costa del libre despido, supone un debilitamiento de las estructuras actuales del régimen y un aumento de las posibilidades revolucionarias a nivel del Estado español y por supuesto de la revolución vasca.

De todas formas esto es todo un replanteamiento del sistema fascista español y es la acción de ETA la que ha obligado a que los defensores del sistema se planteen estas cuestiones, conscientes de que el pueblo ha decidido darles la batalla.

Para nosotros, el hecho de que la acción haya repercutido a nivel de Estado español es una prueba de verdadero internacionalismo y no unas cuantas frases demagógicas en una hoja de papel. Estamos convencidos de que luchando por nuestra liberación nacional y por el socialismo ayudamos a que se liberen el resto de los pueblos del Estado español (4).

Una polémica muy fuerte se había entablado en la prensa oficial y en los grupos marxistas revisionistas en torno al importe del rescate. Decían que ETA había secuestrado a Huarte esencialmente por autofinanciamiento y que la plataforma obrera no era otra cosa que una cobertura. ETA contesta así a esta objeción:

Además de cumplir las reivindicaciones de Torfinasa, ETA exigía el pago de 50 millones de pesetas para la puesta en libertad de Felipe Huarte. Por razones evidentes de clandestinidad y seguridad en la operación, esta cláusula no podía hacerse pública, ya que de otra manera se daba la oportunidad al Gobierno español para intervenir, pues perder la cara tan a la vista, es algo que no pueden permitirse, sobre todo por parte de los sectores más ultra-fascistas.

Sin embargo, ahora que las condiciones han sido satisfechas, ya podemos decir que efectivamente fue una de las condiciones exigidas y que la familia Huarte ha tenido que pagar. Lo que es lo mismo que decir que la Resistencia Vasca cuenta con 50 millones más para seguir su lucha, que el Pueblo Trabajador Vasco sabe que será más difícil tener que detener una huelga por falta de fondos para sostenerla (como ya lo saben en muchos casos concretos.).

No ha sido un capricho o una manera de sacar dinero, sino que la petición está en la misma línea que justifica las requisas de los Bancos. Esto no es más que una multa que el Pueblo Vasco le ha impuesto a Felipe Huarte por lo mucho que nos ha robado. Pero que no crean que con eso se ha acabado todo: Felipe Huarte ha salido en libertad provisional bajo fianza y a su debido tiempo, él, así como muchos otros explotadores del pueblo, serán definitivamente juzgados.

Desde ahora saben los capitalistas y los enemigos del pueblo vasco que ya no son solo ellos los que pueden condenarnos, encarcelarnos y ponernos multas por medio de sus tribunales fantoches constituidos a su servicio. Desde ahora, el pueblo vasco les está juzgando y también tiene sus cárceles. Nuestra obligación es unir al pueblo y aislar al enemigo (5).

Notas

1) Responsable del Frente Militar.
2) Ver el libro de A. Amigo, Pertur. ETA 1971-1976, pág. 44 y siguientes, editado por Hordago, Donostia, 1978.
3) Pertur era un dirigente de eta muy notorio y del cual hablaremos en capítulos siguientes.
4) En Hautsi, núm. 3, 1973, ETA-Berriak, documento titulado «Huarte zergatik arrestatu dugu».
5) Hautsi, núm. 3, art. cit.