¿Qué fue el Pacto de Ajuria Enea? (1988)

Pacto de Ajuria Enea

Alianza de diversos partidos políticos vascos contra la intervención e iniciativa de la izquierda abertzale, tanto en el plano de la práctica como en el ideológico. Tuvo su precedente en el llamado Pacto de Madrid de 1987, un acuerdo de Estado contra ETA. El Pacto de Ajuria Enea fue la plasmación de un viejo proyecto del PSOE y también de la UCD, que en su momento no llegó a cuajar por la fragilidad de los gestores. En 1982 fue Txiki Benegas quien lanzó la idea y en 1984, la también dirigente del PSOE, Ana Miranda. Txiki Benegas retomaría la iniciativa en 1987. En esta ocasión la ofensiva continuada del PSOE había allanado varias etapas represivas e integrado orgánicamente muchos de los temas considerados extragubernamentales en épocas precedentes. Con este paso el PSOE, o en todo caso las fuerzas que defendía con su opción, asentaban un cambio profundo en las relaciones de Madrid para con el problema vasco y se sumaban, desde una supuesta fortaleza política, diplomática y policial, al resto de fuerzas que daban por bueno el proceso reformista iniciado a la muerte de Franco.

La reforma del Código Penal, la desaparición del GAL y el fin de las entregas directas se conformarían como elementos imprescindibles a la hora de entender la cohesión de las fuerzas políticas y, sobre todo, a la hora de provocar el cambio de fase en consonancia con los consejos de todos los expertos contrainsurgentes, que habían advertido, desde Italia hasta Alemania, lo incorrecto de crear situaciones excepcionales en la lucha contra la disidencia armada. No se estaba intentando quemar una etapa sino todo lo contrario, se trataba de crear un nivel superior y que a él se aupasen los pilares del sistema.

Este discurso funcionó desde la capital del Estado y por eso el pacto tuvo un nacimiento prematuro, el 5 de noviembre de 1987 y sin la firma de EA e IU, en la sede de las Cortes españolas. En Hego Euskal Herria las reticencias a allanar el camino al PSOE y al desgaste que ello supondría al resto de fuerzas, supuso que las formaciones políticas que habían apostado por el Estatuto de 1979 pusiesen condiciones para pronunciarse favorablemente. Ardanza y González las limarían personalmente en una reunión que tuvo lugar en Madrid el 22 de octubre de 1987.

El 12 de enero de 1988, y después de casi cuatro meses de reuniones, todas las fuerzas con presencia estable en el Parlamento de Gasteiz (PP, PNV, PSOE, Euskadiko Ezkerra y más tarde EA y UA) firmaron el comúnmente llamado Pacto de Ajuria Enea o en su versión oficial Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi. EA abandonaría el Pacto en 1992 e IU (coalición auspiciada por el PCE) se sumaría a él. En el documento estampado para la ocasión, los firmantes llamaban a consolidar las dos etapas políticas anteriores (Estatuto de Autonomía de 1979 y Decálogo contra la Violencia de 1985), apoyando prácticamente todo aquello que el PSOE había defendido con publicidad, es decir, el tratamiento policial e internacional contra ETA. El resto de normas, tales como el seguimiento de la tortura o el respeto de los derechos humanos en el marco autonómico, quedaron para la letra pequeña. En verano de 1988, el Parlamento de Iruñea ratificaba, en su contenido, los puntos del Pacto de Ajuria Enea.

Su firma fue hecha en una época muy especial: el inicio de las Conversaciones en Argel entre ETA y el Gobierno español. Bajo estos criterios, la política del Pacto estaba más clara: desplazar el marco de la negociación de Argel, al interior de sí mismo. O lo que era lo mismo, trasladar el protagonismo de ETA y del Gobierno español, al del PNV y PSOE. Este simple entramado tenía un ganador seguro para todas las ocasiones, que no era otro que el PSOE, puesto que se trataba del único grupo que jugaba en las dos mesas, la de Argel y la de Gasteiz.

La principal actividad del Pacto de Ajuria Enea durante estos años fue, en primer lugar, abortar cualquier iniciativa política surgida desde la izquierda abertzale, y en segundo, lograr una implicación política superior a la que hasta entonces estaban prestando diversos sectores de la población vasca a la estrategia represiva en su conjunto. El fin último, y aquí era donde el Pacto encontraba sus mayores fisuras, era trasladar el contencioso Euskal Herria-España hacia los límites territoriales vascos y presentarlo, en consecuencia, como un enfrentamiento civil interno.

Sin embargo, el 22 de noviembre de 1991 el Pacto de Ajuria Enea reconocía en un manifiesto la existencia de un contencioso Euskal Herria-Estado. Esta circunstancia parecía obedecer a la necesidad de intentar limar las fisuras que se abrían en su seno por la pérdida de protagonismo de sus firmantes y, sobre todo, ante la inminencia del año de 1992, en el que el Estado español había puesto todas sus expectativas para terminar con ETA. Este fue uno de los momentos más críticos para el proyecto, producto indudablemente de los dobles comicios electorales del año en que ninguna de las fuerzas sostén del Pacto habían logrado acercarse siquiera a sus objetivos electorales. El reconocimiento del contencioso entre Euskal Herria y el Estado, señalado por el PP, PSOE y PNV entre otros, fue, como en otras ocasiones, únicamente nominal ya que lo lógico y consecuente, una vez de la catalogación, hubiera sido buscar sus causas para atajarlas.

Los ejes principales del Pacto fueron resumidos en su quinto aniversario por uno de sus animadores, Ramón Jáuregui, secretario general del PSOE vasco. Para Jáuregui, también vicelehendakari en Gasteiz del Gobierno de coalición PNV-PSOE, las cuatro patas de la estrategia contra la izquierda abertzale estaban recogidas en su esencia por el Pacto y diseñadas en forma de «eficacia policial, colaboración internacional, conciencia social pacifista y reinserción».

El resto de medidas o anuncios eran parciales o en todo caso apartados destinados a lograr la consecución de los cuatro ya citados. Jon Juaristi, militante del PSOE como Jáuregui, resumiría el objetivo final que condensaban estos cuatro ejes: «El primer problema de este país no es el terrorismo sino el nacionalismo vasco. Y nadie duda de que continuará existiendo el terrorismo etarra, semietarra o nacionalista, mientras el nacionalismo continúe manteniendo su hegemonía política».

En cinco años, de 1988 a 1993, el Pacto de Ajuria Enea se reunió en quince ocasiones, una cifra irrisoria en comparación con su autoridad. En cambio su influencia se hizo cotidiana, se traspasaba al boicot sistemático a todo lo que tuviese algún trazo de estar relacionado con la izquierda abertzale, desde fiestas veraniegas, hasta debates públicos. Indudablemente quienes realizaban esta labor militante que en poco tiempo conseguiría crear opinión a su favor, serían los medios de comunicación más condicionados con las estructuras de poder y, por extensión, con el pacto de Ajuria Enea.

Cuando 1992 se fue acercando, la estrategia política del Pacto se volvió aún más agresiva, introduciendo un nuevo elemento que poco a poco fue tomando mayor relevancia: el uso político de los disidentes de la izquierda abertzale. El análisis del Pacto, como buen instrumento contrainsurgente, partía de la idea acertada de que el conjunto del Movimiento de Liberación, con sus diversas estructuras, era un todo, y que cualquier derrota en uno de sus aspectos arrastraría al conjunto.

Finalmente, cuando el mensaje del Pacto se volvió más agresivo, los destinatarios finales dejaron de ser únicamente los relacionados con la organización armada. Con este paso toda la sociedad abertzale y progresista que no aceptaba el marco político apadrinado por los miembros del Pacto, pasaba a ser criminalizada. Entre ellos los diarios Egin y, más tarde, Egunkaria, que dejaron de recibir publicidad institucional manipulando, de esta manera, el dinero de todos los contribuyentes y lectores.

En el año 2000, tras el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado en Madrid por PSOE y PP, excluyendo a los grupos vascos que habían formado el Acuerdo de Lizarra-Garazi (1998), el de Ajuria Enea dejó de ser referencia. En 2013, tras conocerse la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina 196/1997 y la activación de la llamada Vía Nanclares para los presos vascos disidentes, algunos sectores políticos apostaron por la reactivación del Pacto de Ajuria Enea.