«En plena batalla por el relato, Covite necesitaba algo a lo que agarrarse. ¿Una pelea de bar? Pues una pelea de bar»

Aritz Intxusta y Aitor Agirrezabal acaban de publicar Altsasu. El caso Alsasua, un trabajo periodístico que recorre los hechos pero sobre todo las irregularidades que se han venido sucediendo desde aquel 15 de octubre de 2016 hasta la actualidad. El libro, con apenas mes y medio de vida, ya va por su cuarta edición. 

¿Cómo ha sido el proceso de investigación de esas irregularidades que denunciáis?

Cualquiera que haya seguido el caso con interés ha podido observar que el caso de los jóvenes de Altsasu ha sido especial. Las defensas y las familias han denunciado estas irregularidades y nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar explicar el fondo de, entre otras cosas, la denegación de pruebas, las redadas difícilmente justificables, la prisión preventiva y el alejamiento o la cuestión de competencias entre la Audiencia de Nafarroa y la Audiencia Nacional. Para ello hemos consultado a las defensas y, sobre todo, tratamos de explicar el contexto en el que se van sucediendo los hechos.

En el libro contáis que la investigación dio un primer giro tras la visita del Director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, al hospital y al cuartel, ya que los guardias civiles decidieron en ese momento no declarar ante la Policía Foral, que era quien llevaba el caso.

Es el primer personaje clave que aparece en la historia. Y lo hace con intereses. Su carrera ha estado muy marcada por su amistad con Mariano Rajoy, por el caso del Prestige o por la muerte de 15 migrantes en la playa de El Tarajal. A punto de jubilarse, un incidente en un bar de Altsasu con dos guardias civiles implicados le venía como anillo al dedo. Llega a Iruñea y ordena a los dos agentes que no declaren ante la Policía Foral, que fue la primera en arrancar la investigación, y en ese instante el caso entra en un punto de no retorno. También contamos quién es este Fernández de Mesa y sus cacerías fascistas durante su juventud en Ferrol.

Los guardias civiles se negaron a declarar pero la altsasuarra, Mª José, novia de uno de ellos (el teniente Oscar Arenas), sí que declaró antes de la llegada del director de la Guardia Civil. ¿Esto qué supuso?

Supuso mucho menos de lo que debería. Es la única declaración que se le escapa a Fernández de Mesa y en ella, pese a que también relata una agresión, faltan varios detalles clave que sí añadirán el teniente, el sargento y Pilar, la pareja del sargento. Pese a ser de Altsasu, tan solo reconoce a uno de los jóvenes y alguna de las descripciones que ofrece no se corresponde con ninguno de los ocho encausados. Esta declaración pasará prácticamente inadvertida y el relato se construirá en base a la de los otros tres denunciantes.

Los guardias civiles pasaron de querer declarar ante la Policía Foral a negarse y además a presentar una denuncia por los hechos sucedidos, lo que dejo fuera a la Policía Foral. ¿Por qué sucedió esto?

Fernández de Mesa necesitaba un caso como este y no se le podía escapar nada. Se le escapó la declaración de Mª José mientras visitaba al teniente, pero necesitaba construir un relato lo más sólido posible y para ello parece indispensable que la Guardia Civil investigue un caso del que, sin duda, es parte interesada.

El mayor de los giros probablemente llegó con la denuncia de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) ante la Audiencia Nacional, y no ante la justicia navarra que era quien estaba investigando el caso, introduciendo además el término «terrorismo».

Si Fernández de Mesa es el primer personaje clave, Covite es «El personaje clave», en mayúsculas. Cinco años después del cese de la actividad armada de ETA, en plena batalla por el relato, Covite necesita justificar su existencia y mantener vivo el conflicto y un supuesto rebrote de violencia en Euskal Herria. Necesitaban algo a lo que agarrarse. ¿Una pelea de bar? Pues una pelea de bar. Se presenta como acusación particular e introduce la variable de terrorismo. Lleva el caso a la Audiencia Nacional, que de la mano de Carmen Lamela abraza el caso. Su abogado, Rubén Mújica explica muy bien por qué Covite se presenta como acusación: «Porque puede». Covite es un lobby de presión, le hemos visto denunciar chocolatadas, comidas populares o conciertos de música. Una pelea en Altsasu con guardias civiles implicados le iba como anillo al dedo.

Hubo un momento en que se estaba investigando el caso desde Navarra y desde Madrid. ¿Cómo se soluciona el tema?

Tras la denuncia de Covite, la Audiencia Nacional pide toda la información a la Audiencia navarra. En un primer momento, desde Nafarroa, la juez Mari Paz Benito aguanta el pulso. Sin embargo, poco después y sin una clara explicación, suelta el caso. Las defensas siguen pidiendo que el caso se resuelva en el juzgado natural, en Iruñea, pero, finalmente, el Tribunal Supremo asume que el caso es de Lamela, por la posibilidad de que exista un delito de terrorismo.

Durante el proceso se rechazaron testigos, vídeos, fotografías. Decís que no es habitual que suceda. ¿Qué supuso este rechazo?

Supone la indefensión absoluta de unos jóvenes que se enfrentaban a peticiones fiscales de hasta 62 años de prisión. Vídeos que desmontan la versión del sargento o la descripción de Adur, uno de los encausados, testigos que sitúan a Jonan en otro bar... Pruebas que, en caso de haber sido aceptadas, podrían haber evitado que algunos de los jóvenes hubiesen sido juzgados.

¿Qué más irregularidades encontrasteis en el juicio?

El interés mediático, también a nivel internacional, ya hacía ver que no era un juicio normal. La presencia de Amnistía Internacional tampoco pasó inadvertida. Sin embargo, la sensación que quedó era que lo que allí sucedía poco tenía que ver con lo que se espera de un juicio y que todo estaba escrito. Cada uno contó su versión, se aceptó alguna de las pruebas antes denegadas, peritos médicos pusieron en entredicho la supuesta agresión grupal, los testigos dieron una versión muy distinta de los hechos y, sobre todo, destacó la declaración de Iosu Muñoa, el dueño del bar Koxka. Supuestamente, en su declaración ante la Policía Foral, Iosu afirmó que se trató de una agresión premeditada y que sabía que algunos de los agresores se entrenaban en un gimnasio. Sin embargo, en el juicio negó haber declarado eso y observó que él no había firmado aquella declaración ante la Policía Foral.

Y llegó la sentencia: 79 años de prisión para ocho jóvenes y una responsabilidad civil conjunta y solidaria de 100.984 euros.

No hay terrorismo, pero el caso ya se había juzgado en la Audiencia Nacional y las penas, de entre 13 y 2 años, se correspondían a cualquier caso de supuesto «terrorismo». La sentencia se basa en la declaración de la acusación y la denuncia de Covite, pero me quedo con una frase que creo que resume el conjunto de la sentencia, donde apunta que «no queda suficientemente acreditado» que Adur estuviese en su casa durmiendo. Es decir, en lugar de que se demostrase su culpabilidad, Adur no había podido demostrar que estuviese dormido, lo que era suficiente para considerarlo culpable.

En diciembre la Audiencia Nacional multó con 600 euros a los jóvenes de Altsasu por recusar al tribunal que revisará la sentencia. ¿Qué opinión tienes sobre esto?

Incide un poco más en la indefensión de los jóvenes. Recusaron a los jueces por estar condecorados con la orden del mérito de la Guardia Civil y participar en congresos de Covite. Es decir, se ha multado a cada uno de los seis que puso la recusación por pedir un juicio justo. La recusación es una herramienta que ofrece el ordenamiento, por lo que parece más un aviso que un procedimiento habitual.

A partir del 14 de enero la sala de apelación de la Audiencia Nacional revisará la sentencia. ¿Qué auguras?

Que el caso siga en la Audiencia Nacional no augura nada positivo. Son muchos los casos contra el independentismo vasco que se han juzgado en la Audiencia Nacional. El tribunal sitúa en la misma línea este procedimiento y, por lo tanto, su actuación puede ser parecida. Es decir, no espero que el caso de un vuelco y veamos que se empieza a hacer justicia o que los argumentos cambian. Ello no quiere decir que la situación de alguno de los jóvenes no pueda cambiar. Pero sigue siendo la Audiencia Nacional.

Txantrean Auzolan, número de diciembre de 2019.  Fotografías: FOKU.