¿Qué fue el Acuerdo de Lizarra-Garazi?

Acuerdo firmado el 12 de septiembre de 1998 en la localidad de Lizarra, ratificado posteriormente en Donibane Garazi, por fuerzas políticas sindicales y sociales que reconocían Euskal Herria como marco de decisión, para delinear un proceso de solución política al conflicto vasco-español-francés. Los partidos firmantes fueron Abertzaleen Batasuna, Batzarre, EAJ-PNV, Eusko Alkartasuna, Herri Batasuna, Iniciativa Ciudadana Vasca, Izquierda Unida-Ezker Batua (el 26 de enero de 2000, Izquierda Unida-Ezker Batua decidió salir), Partido Carlista-EKA y Zutik. Como observador se añadió Ipar Euskal Herriko Berdeak. También firmaron los sindicatos EHNE ELA, ESK-CUIS, Euskal Laborarien Batzarra, Ezker Sindikala, Hiru, LAB, STEE-EILAS y como observador la CFDT. Los movimientos sociales que estamparon su firma fueron Gestoras Pro Amnistía, Anai Artea, Autodeterminazioaren Biltzarrak, Bakea Orain, CAR/Ahaideak, Comité de défense de droits de l'homme en Pays Basque, Egizan, Elkarri, EPSK/Gureak, Gazteriak, Gernika Batzordea, Gogoa, Gurasoak, Hautetsi Abertzaleen Elkartea, Herria 2000 Eliza, Herriarekin, Jarrai, Presoen Aldeko Koordinaketa, Senideak, Sostengu Komiteak y UDA-Treviño.

Pocos días después, el 16 de septiembre, ETA declaraba una tregua indefinida como “aportación” al Acuerdo. De hecho, según documentos de la misma organización, ETA cerró con PNV y EA en agosto del mismo año las líneas generales del pacto. El texto, después de una primera parte de referencia al proceso de paz irlandés –los trabajos preparatorios entre los partidos se hicieron en el marco del denominado Foro de Irlanda–, definió “las pautas de comportamiento y actuación” para la solución del conflicto. “IDENTIFICACIÓN: El contencioso vasco es un conflicto histórico de origen y naturaleza política en el que se ven implicados el Estado español y el Estado francés. Su resolución debe ser necesariamente política. MÉTODO: La resolución política solo puede plasmarse a través de un proceso de diálogo y negociación abierto, sin exclusiones respecto de los agentes implicados y con la intervención de la sociedad vasca en su conjunto. PROCESO: Diálogo y negociación a través de conversaciones multilaterales que no exijan condiciones previas infranqueables para los agentes implicados y que se realizaría en unas condiciones de ausencia permanente de todas las expresiones de violencia. CARÁCTER DE LA NEGOCIACIÓN: La negociación debe ser global en el sentido de abordar y dar respuestas a todas las cuestiones que constituyen el conflicto, así como a las que son consecuencia de este. CLAVES DE RESOLUCIÓN: Una negociación resolutiva no comporta imposiciones específicas, que respete la pluralidad de la sociedad vasca, sitúe todos los proyectos en igualdad de condiciones de consecución. Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión. ESCENARIO RESULTANTE: El acuerdo de resolución no contendrá escenarios cerrados y de carácter definitivo, sino que posibilitará marcos abiertos donde puedan tener cabida nuevas fórmulas que den respuesta a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria”.

El acuerdo representó el más alto nivel de convergencia política de fuerzas soberanistas vascas desde las reuniones de Txiberta (1977), con la diferencia sustancial de que en esta ocasión se llegó a un pacto. Las motivaciones que dieron como resultado el acuerdo fueron diversas.

Para la izquierda abertzale: el fin del modelo de negociación ETA-Estado sobre los puntos de la alternativa KAS-ruptura de las conversaciones de Argel (1990), caída de la dirección de ETA en Bidart (1992), ratificado con la propuesta de la Alternativa Democrática (1995), la estrategia de “construcción nacional”, ponencia Oldartzen (1994), la decisión de ETA de atacar a representantes políticos de los partidos españoles (1995) y la conmoción social provocada por la ejecución del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco (1997), la criminalización de las organizaciones políticas y sociales de la izquierda abertzale juicio y condena de la dirección de Herria Batasuna (1997) y sumario 18/98.

Para el PNV: la crisis del modelo autonomista confirmada en el bloqueo de las transferencias autonómicas pendientes, no obstante el apoyo del PNV al primer Gobierno de Aznar (1996-2000) y la estrategia centralizadora y nacionalista del PP evidenciada en las respuestas a la ejecución de Miguel Ángel Blanco, los obstáculos que UPN anteponía al Órgano Permanente de Relación entre las dos Comunidades Autónomas –CAV y Navarra–, y la falta de consenso en el Pacto de Ajuria Enea, entre las fuerzas del ámbito vasco y el español. Esos planteamientos vislumbran un posible diálogo con la izquierda abertzale con una corriente interna del partido jeltzale representada por Juan María Ollora y Joseba Egibar.

Esos elementos se sumaron al acercamiento que desde 1993 se había dado entre los sindicatos vascos ELA y LAB, que además de conformar una nueva mayoría sindical dio lugar al primer acuerdo estratégico entre fuerzas de ámbito rupturista y autonomista desde la reforma política y que fue ratificado en el documento sobre el derecho de autodeterminación (1995). En 1997, ELA declaraba “muerto” el estatuto de autonomía además de considerar que “ETA estorbaba” en el proceso de construcción nacional.

También en Ipar Euskal Herria la reivindicación de reconocimiento nacional había dado pasos convergentes a través de la propuesta de creación de un Departamento vasco (1996). El acuerdo de Lizarra Garazi dará lugar, en las elecciones autonómicas de octubre de 1998, a un nuevo Gobierno autónomo vasco PNV-EA guiado por José María Ibarretxe y apoyado externamente, por primera vez, por Euskal Herritarrok, la nueva coalición electoral de la izquierda abertzale. En enero de 1999, una gran manifestación en Bilbao, apoyada por los firmantes del acuerdo, pidió el respeto a los derechos de los presos y presas vascas. En febrero nació Udalbiltza, Asamblea de Municipios y Electos Municipales de Euskal Herria, que en pocos meses evidenciara las diferencias sobre el papel de este organismo y de significado de construcción nacional entre el PNV y la izquierda abertzale. A pesar del clima de euforia que el acuerdo había provocado en la sociedad vasca, las diferencias entre los protagonistas políticos se mostraron insuperables.

La falta de cohesión interna de los firmantes sobre el papel que el acuerdo debería jugar con respecto al Estado español, la cerrazón por parte de PP y PSOE para abrir canales de diálogo sobre los planteamientos previstos en el acuerdo; el papel tutelar que ETA se otorgaba, reorganizando su aparato militar y abriendo unas conversaciones con representantes del Gobierno del PP en Zúrich; la continuidad de la represión (para el Gobierno español la tregua de ETA era unilateral. Hubo detenciones el 9 marzo de 1999, mientras Aznar se entrevista en París con Chirac, de decenas de militantes vascos en el Estado francés y en Gipuzkoa y pocos días después las de militantes del aparato internacional de la izquierda abertzale con irrupción en la sede de HB de Donostia), la continuidad de la kale borroka con 390 acciones en 1999... provocaron que el proceso entrara en una crisis sin solución.

El proceso desatado con el Acuerdo de Lizarra-Garazi, además, alarmó a París, con gobierno socialista, que se opuso a la creación de un Departamento vasco. El ministro de Interior francés, Pierre Chevenement, zanjó la discusión, rechazando la hipótesis para no “molestar” al Gobierno español. En ese contexto, la declaración del fin de la tregua por parte de ETA (diciembre de 1999) y su primer atentado mortal el 21 de enero de 2000 contra el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García en Madrid marcarán, de hecho, el fin del acuerdo. Las consecuencias de esa ruptura serán profundas. Una modificación de la relaciones internas en la izquierda abertzale, con el comienzo, en 2001, de un proceso que llevará, después de la declaración de Anoeta (2004), al final de la lucha armada de ETA en octubre de 2011. También a una ruptura del bloque autonomista cuyos ejes serán el pacto PP-PSOE “Por las libertades”, el nuevo Pacto Antiterrorista (2000), la derrota electoral en las elecciones autonómicas (octubre de 2001) de la coalición PP-PSE que permitirá a la coalición PNV-EA, liderada por Ibarretxe, obtener el mayor resultado electoral de la historia, con 600.000 votos, y la propuesta de reforma autonomista conocida como Plan Ibarretxe, cuyos trámites en las Cortes serán aprobados por la mayoría del Parlamento autónomo vasco e invalidado por sentencia del Tribunal Constitucional (2008).